En contra de la Carta Orgánica Municipal

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba con el voto del bloque oficialista (UCR), que crea la Fundación Instituto Municipal de Cultura, es contraria a las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal. Esto es así porque el municipio está transfiriendo todas las funciones que son propias de la Secretaría de Cultura a un ente privado, como lo es esta fundación. En efecto, la naturaleza jurídica de todas las fundaciones está dada por el artículo 33 del Código Civil, cuando reza que las asociaciones y las fundaciones tienen carácter privado y autárquico.Digo que esta fundación no es aplicable en el ámbito municipal. Los miembros del consejo de administración son designados de manera unilateral, a voluntad del Departamento Ejecutivo. A su vez, el órgano de fiscalización es nombrado por el Ejecutivo (una sola persona, preferentemente contador, se indica).En definitiva, el nuevo instituto no tiene contralor externo municipal. No tiene control del Tribunal de Cuentas Municipal. Este sólo puede realizar auditorías, al final de cada ejercicio contable. El oficialismo, a través del secretario en la Comisión de Cultura y Educación, afirmó que esta fundación tendría como objetivos realizar investigaciones, estadísticas y recabar datos, lo que no se traduce en el texto del artículo 3 del estatuto, que cuando habla de las capacidades, señala: "La fundación tendrá plena capacidad legal para vender, transferir, gravar, logar, administrar, todo tipo de bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, acciones, y todo otro bien que fuere o forme parte de su patrimonio. Podrá recaudar y administrar las sumas en conceptos de entradas provenientes de la realización de cursos, cursillos, conferencias, espectáculos y otras actividades culturales, y venta de publicidad". No se entiende para qué todas estas facultades conferidas a esta fundación, si sólo debe desarrollar tareas de investigación estadística y recabar datos de la cultura de la ciudad, tarea que bien se podría realizar en el seno de la propia Secretaría.Asimismo, en el artículo 19 del estatuto habla de la disolución. Allí se indica: "La fundación podrá disolver por decisión de la Municipalidad de Córdoba, en su carácter de fundadora, el instituto. Podrá nombrar la comisión liquidadora y en el plazo de seis meses pagar todas las deudas de la fundación". Ante esto me pregunto: ¿por qué el municipio debe hacerse cargo de la deuda de esta fundación, en el caso de que la gestión del secretario o el presidente de la fundación no fuera exitosa y terminara con una deuda? Se trata de un ente privado y no público. En definitiva, estaríamos pagando todos los vecinos los eventuales errores de este nuevo organismo. Según el secretario de Cultura de la Municipalidad, esta fundación fue pensada para la política cultural de los próximos 20 a 30 años. Nos preguntamos por qué su tratamiento y debate fue tan exiguo. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta las más de 60 opiniones de distintas organizaciones de actores y protagonistas de la cultura? Pero lo más sorprendente e inverosímil es que desoyó la resolución 246 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que en su artículo 2° indicó: "Solicitar a las autoridades municipales del área de Cultura y al Concejo Deliberante Municipal que amplíen las consultas y participación de los sectores interesados y especialistas en el área, y en particular expresar el interés y la voluntad de la Universidad Nacional de Córdoba de contribuir con nuestro aporte de opinión al debate sobre el proyecto de creación de la Fundación Instituto Municipal".Por todo esto, consideramos que existe una superposición de funciones entre la Secretaría y la Fundación, y que esta ordenanza es contraria a la Carta Orgánica Municipal.*Concejal del bloque Eva Perón, presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante de CórdobaMás información- ¿Estatizar o privatizar la cultura?