Con pies de plomo

Sin estridencias, el gobierno de Juan Schiaretti ya caminó los dos primeros meses de gestión entre el brillo de la nueva relación Nación-Provincia y ajustes menos evidentes sobre la estructura estatal heredada del estilo de administración expansivo de José Manuel de la Sota. El gobernador no puede esta vez reclamarle deudas a su suerte. Antes de que asumiera, la Corte Suprema de Justicia le reconoció a Córdoba la legitimidad de su planteo sobre la coparticipación federal de impuestos. El simple goteo de fondos derivado de esa reparación con título ejecutivo puede ser suficiente para recuperar equilibrios en la economía provincial, que a fines del año pasado sorprendió al volver a un resultado con déficit.Menos azar que estrategia fue el beneficio de la segunda reparación histórica, operada en los primeros 60 días. El pleito ya no judicial sino político entre Córdoba y el Gobierno federal se resolvió con la visita del presidente Mauricio Macri y su equipo y la obtención de un vasto compromiso de obras y recursos que le fueron negados de manera sistemática a la provincia durante los años más duros del kirchnerismo.Puede decirse con la toponimia de entonces: no fue magia. El amplio consenso cordobés es resultado del voto. La política coincide porque la sociedad le estrechó los márgenes de pelea.Con la garantía de esos vínculos nuevos, el Gobierno provincial pudo cumplir –aun antes de lo prometido– dos de sus promesas de campaña: la eliminación de la Tasa Vial y del diferimiento de aumentos a jubilados.Sin embargo, el paso de Schiaretti sigue siendo cuidadoso. El beneficio a jubilados vino de la mano de un recálculo, en la enésima reforma del sistema previsional.Tampoco los nuevos recursos habilitados por la Corte produjeron una amnistía para los gastos de gestión política heredados. La rescisión de contratos vinculados a la administración anterior se viene concretando, aunque por sus dimensiones harto más abarcativas el ajuste en el Estado nacional despierte más atención.Y así como los costos hundidos de la empresa eléctrica (Epec) fueron cargados a la cuenta del tarifazo mayor anunciado por el ministro nacional Juan José Aranguren, se viene una discusión intensa con los municipios por la descentralización del Paicor, un ajuste inesperado en el programa emblemático de asistencia social en Córdoba.¿Por qué tanta cautela? En el Centro Cívico miran, con la misma preocupación que en la Rosada, la evolución de la inflación, el tumor de la economía que tiene al país en vilo."Todos los equilibrios son precarios con esta distorsión en los precios", reconocen en los despachos de gobierno. El cierre semestral de las paritarias en el sector público puede significar una solución y un alivio de corto plazo. Pero no deja de ser una explícita admisión de imprevisibilidad. Alarmas En la Casa Rosada, se han encendido todas las alarmas desde la difusión del índice de precios de enero en la Ciudad de Buenos Aires. Si algún heterodoxo pensaba que tener pisados los números del Indec hasta después de las paritarias podía ser un buen negocio, la liebre acaba de saltarle desde el lugar inesperado. Hay, además, un debate larvado –sobre todo en la coalición gobernante– entre los defensores del gradualismo para atacar la inflación y aquellos que consideran ilusorio combatirla sin un shock inicial para recomponer el esquema de precios relativos.En el Centro Cívico, la opción por lo gradual generó hasta el momento mejores expectativas. Porque, en el fondo, esa política se asienta en la perspectiva de ingreso inmediato de inversiones externas y posibilidades de endeudamiento para el cumplimiento del ambicioso plan de obras diseñado por el equipo de Schiaretti.Es por eso que los legisladores del oficialismo cordobés podrían aportar su voto para ayudar a destrabar el conflicto con los holdouts. La solución (acaba de decirlo el juez Thomas Griesa, pero también y a su modo el excandidato presidencial Daniel Scioli) es inviable sin una modificación de las leyes cerrojo. "Como sea, hay que terminar con la inflación, porque es un cáncer que no sólo afecta el valor adquisitivo del salario, sino que destruye el círculo virtuoso de la economía: el ahorro, la inversión y la generación de riqueza", deslizó en la semana que pasó un miembro del equipo político de Macri a sus allegados en Córdoba. La corrosión social que implica el aumento indiscriminado de los precios tiene su correlato político.Aquellos premonitorios consensos cordobeses de mediados de enero parecieron extenderse en estos días a otras jurisdicciones provinciales, al Congreso de la Nación y a la relación con las centrales sindicales. Pero son acuerdos volátiles. Así como llegaron, se irán, si la economía de Alfonso Prat Gay termina devorada por la herencia de Axel Kicillof.Por el momento, las coincidencias se mantienen y se negocian al milímetro. El bloque de Miguel Pichetto en el Senado admitió que los pliegos propuestos por Macri para la Corte Suprema pasen a la Comisión de Acuerdos. Aunque, como mayoría, ya advirtió sus condiciones para votarlos: las demandas de los gobernadores justicialistas.La alianza de José de la Sota y Sergio Massa intentó sin éxito colar a Carlos Caserio en esa comisión clave. El único cordobés con silla en ese juego será Ernesto Martínez. La presidencia y la mayoría quedaron para la bancada de Pichetto.Y, aunque pasó inadvertido, en el acuerdo de oficialismo y oposición en el Senado para tratar la postulación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, un paso previo inevitable rozó de costado el escenario provincial.Fue necesario retirar antes el pliego de Domingo Sesín, el presidente del máximo tribunal de la Provincia, propuesto para la Corte en el final de su mandato por la expresidenta Cristina Fernández.