¿Cómo se decide la política de salud en Córdoba?

El 31 de agosto de 2011 se inauguró el Hospital Florencio Díaz, considerado por el entonces gobernador Juan Schiaretti como el primer hospital barrial de la ciudad de Córdoba. Se señaló en la oportunidad que el hospital venía a dar respuesta a las necesidades de un populoso sector de la ciudad (barrio José Ignacio Díaz), y que ello demandó una inversión cercana a los 40 millones de pesos.También se enfatizó que la mencionada institución era la primera de una red de hospitales barriales que se localizaría en las zonas de ruta 9 norte y avenida Japón, barrio Autódromo y barrio Las Violetas, a los que debería agregarse el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, de Villa El Libertador. Sorpresas. A casi un año de aquella fecha, no sólo ya casi nadie habla de la red de hospitales, sino que el Hospital Florencio Díaz funciona de manera muy limitada y ha recibido a los pacientes internados del Instituto Provincial de Alcoholismo, luego de que este quedara inhabilitado debido a un incendio. Sin embargo, si lo anterior ya de por sí sorprende, mucho más lo hace la pretensión de las actuales autoridades ministeriales de trasladar la histórica Maternidad Provincial a este hospital barrial, lo que haría necesaria una significativa inversión adicional para transformar en maternidad a la institución recientemente inaugurada.Más allá de las desmentidas expresadas por el actual ministro de Salud, Carlos Simon, hemos escuchado decir a importantes funcionarios que el traslado de la Maternidad Provincial se justificaría no sólo por las limitaciones de su viejo edificio, sino también porque en la zona donde se encuentra el Hospital Florencio Díaz "estaría haciendo falta mucho más una maternidad que un hospital polivalente". Preguntas. Entonces, nos preguntamos: ¿es posible pensar que el Ministerio de Salud de la Provincia haya decidido construir un hospital cuyo perfil, al año de su inauguración, es ya considerado inadecuado para la zona? ¿Sobre la base de qué información epidemiológica, de qué estudios de demanda, de qué análisis de necesidades, se tomó la decisión de construir un hospital polivalente en barrio José Ignacio Díaz? ¿Cuáles fueron las instancias ministeriales que participaron en semejante decisión y cuáles fueron los mecanismos decisorios? A la luz de lo sucedido en este caso, es legítimo preguntarse: ¿cómo se decide la política de salud en Córdoba? ¿Cuál es el criterio que prima a la hora de tomar decisiones en este campo?En este sentido, la discontinuidad y la arbitrariedad en las decisiones políticas son características de las gestiones sanitarias provinciales en los últimos años. Así, las políticas de salud duran, con suerte, lo que dura la gestión de un gobierno o un ministro.Las decisiones se toman, en la mayoría de los casos, para diferenciarse de la gestión anterior o están motivadas por necesidades políticas y/o electorales coyunturales, más que por una lógica sanitaria de largo plazo.Pero, además, la ausencia de espacios de discusión y debate público, en los cuales los diferentes gobiernos puedan construir decisiones de consenso, convocando para ello a los actores más representativos del sector, tiñe al proceso decisorio de un carácter provisorio y arbitrario, lo que termina reforzando la tendencia cortoplacista. La existencia de espacios de participación que pudieran enriquecer el proceso de toma de decisiones sanitarias no sólo le daría mayor legitimidad, sino que también funcionaría como un mecanismo de control ciudadano que minimizaría el riesgo del error y pondría límites a las decisiones arbitrarias e infundadas. Ayudaría, en definitiva, a fortalecer los procedimientos de rendición de cuentas destinados a los funcionarios. Hay que señalar que en 2008, cuando la Provincia presentó lo que sería el Pacto Sanitario Provincia-Municipios se informó que Córdoba sería dividida en 22 zonas de integración sanitaria y se conformaría un Consejo Provincial de Salud integrado por representantes de cada una de ellas, con el objetivo de perfeccionar el sistema decisorio sectorial. Lamentablemente, poco se ha avanzado al respecto.El Gobierno provincial debe abordar de manera imperiosa los problemas estructurales del sector, que le impiden cumplir con su responsabilidad como garante del derecho a la salud.Definir una estrategia de reformas sectoriales con perspectiva de largo plazo, consensuada con los actores más relevantes del sistema, es parte de esta tarea pendiente.Nuestro sistema de salud no tolera seguir siendo sometido a situaciones como las analizadas en este artículo.