Cliente mata ciudadano

La respuesta de las elites políticas argentinas a la crisis de 2001 fue la construcción de una inmensa malla de contención social que redujo su grito más disruptivo, "Que se vayan todos", al baúl de los recuerdos. Esa malla –compuesta por un cóctel híbrido de medidas universalistas y clientelares– tuvo como principales adalides a Eduardo Duhalde y su ministro Roberto Lavagna, en un primer momento, y luego fue ampliada y complejizada durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.Un país normal, inclusión social y transversalidad política constituyeron tres ideas básicas del primer kirchnerismo, en el marco de una fórmula más amplia que tenía como supuestos un papel más activo del Estado, la recuperación del mercado interno y la disciplina fiscal.Ciertamente, la fórmula fue exitosa durante mucho tiempo y de ello dieron testimonio los resultados electorales persistentemente favorables al oficialismo. Hoy, empero, la malla de contención social está rota. Por sus agujeros se asoma un universo que eriza la piel: un mundo viscoso de lumpen-proletarios (un estrato ubicado por debajo de la clase obrera) que viven de "changas"; jóvenes heridos en el amor propio, excluidos del mercado de trabajo y del confort de la sociedad de consumo. Asimismo, la popularización de la droga contribuye a una ruptura de los lazos de solidaridad horizontales que rinde tributo a la lógica del francotirador ("sálvese quien pueda").En ese universo, la multitud naturaliza tanto la corrupción como la violencia cotidiana y percibe en lo político un juego concebido para el instante efímero. Su lema imaginario podría ser "te apoyo mientras me des algo".En este punto, cabe preguntarse cuánto de responsabilidad hay en la ejemplaridad negativa de las elites políticas. Porque si la dirigencia política argentina, sometida al imperio del corto plazo, ya no cumple una función pedagógica ni constituye un punto de referencia moral para la sociedad, la construcción de sentidos de pertenencia, de un "nosotros", no deja de ser una impotente expresión de deseos.Es lógico: cliente mata ciudadano, y la deshonestidad de los de arriba –acompañada de didácticas dosis de impunidad– tiene efectos multiplicadores sobre el conjunto de la sociedad y constituye su marco de legitimación.

A tenor de esta situación, es posible identificar tres respuestas en la dirigencia política.

La primera es la negación

y se esgrime en clave de teoría conspirativa. El malestar sería fruto de operaciones quirúrgicamente planificadas por quienes conspiran contra la democracia y la voluntad expresada en las urnas.

Esta mirada remite paradójicamente más a la figura del consumidor como un ser pasivo que responde a estímulos externos, que a la idea de una ciudadanía con cierta capacidad para pensar y tomar decisiones autónomas en función de lo que considera son sus intereses.

Como contrapartida, el disenso –tener opiniones distintas– es mal visto y permite evocar la frase de Agustín de Hipona (San Agustín): “En una fortaleza sitiada, toda disidencia es traición”.

Este tipo de posicionamientos, tendiente a promover el disciplinamiento orgánico de los actores sociales y de las personas, contribuye a explicar la disociación entre una retórica que une al pueblo 
y una realidad marcada por la división del campo popular: cuatro centrales obreras (dos CGT y dos CTA) y una miríada de organizaciones sociales oficialistas o rebeldes –incluidos organismos de derechos humanos– en función de su afinidad o no con las formas de hacer política implementadas desde el ámbito estatal.

Una segunda respuesta apela a la falta de educación.

A ella remiten con razón todos los sectores republicanos del país. Ciertamente, nadie puede soslayar su importancia por el desarrollo de formas cooperativas de convivencia social. Pero no es todo: en la década neoliberal, Argentina tuvo un excedente de población sobrecalificada en 
lo educativo, manejando taxis o emigrando al exterior para desarrollar las habilidades que habían aprendido en el país.

Como lo atestigua el período menemista, población sobrecalificada y desempleo de masas no son fenómenos excluyentes.

En consecuencia, el factor educativo debería correlacionarse con las formas en que se conciben el desarrollo económico, el papel del Estado y las relaciones entre las clases sociales.

Una tercera respuesta apela a lo religioso.

La fe como panacea ante la falta de valores imperante en la sociedad.

Esta sintonía –hoy defendida por el expresidente Duhalde– soslaya la distancia entre conciencia y conducta.

Entre ambas, se interpone la experiencia, y si esta se conforma a partir de vivencias que muestran día a día que los costos de “portarse bien” son más altos que los beneficios derivados de su transgresión, no habrá cura, pastor o rabino capaz de contener a una sociedad 
crecientemente secularizada en su vivir cotidiano.

De cara a la cuestión social, 
los puntos débiles de las tres panaceas mencionadas –la populista, la republicana y la religiosa– ponen en primer plano la necesidad de repensar lo público como ámbito 
de construcción colectiva, los pactos sociales como instancias de reconocimiento de pisos de derechos colectivos y de morigeración de 
luchas facciosas, y un gran acuerdo político contra la impunidad que debilita al Estado y corroe la fe cívica en los valores de la democracia.

*Doctor en Historia e investigador del Conicet