Civilización o barbarie

En la próximas horas será ejecutada la mujer iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43 años, madre de dos hijos, condenada a morir lapidada en la prisión de Tabrizen (Irán) por haber mantenido relaciones con dos hombres luego del fallecimiento de su esposo y por participar en la planificación del asesinato de éste, lo que generó indignación en la comunidad internacional. Ese precedente abre una fuerte polémica en torno de la aplicación de la pena capital y, pese a las consideraciones jurídico-científicas y religiosas que se puedan ensayar, debe quedar claro que el derecho a la vida es el primer derecho en ser protegido, resguardado y preservado por la Constitución. En forma abrumadora, la doctrina nacional se ha pronunciado por la forma abolicionista, en coincidencia con los pactos internacionales, instaurando el principio de abolición irreversible y progresiva de la pena de muerte. El ajusticiamiento de un ser humano abre un siniestro prólogo para el futuro de la Justicia en el presente siglo, un tiempo en el que ya no deben quedar dudas respecto de que, arrancarle la vida a una persona –aun con respaldo de una estructura normativa– es un crimen legal. La pena de muerte es una sanción negativa por las siguientes razones: irreparabilidad de los efectos de la sanción en los hipotéticos supuestos de injustas condenas; inviolabilidad de la existencia humana; rigidez e indivisibilidad de la pena; destrucción y eliminación total e inmediata de la existencia del hombre, y no admite enmienda, reeducación, resocialización alguna del condenado. Es necesario recuperar la confianza en los principios del proceso penal que garantizan la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas, lo que importa una democracia participativa. Los índices de criminalidad no se compadecen con la severidad o no de las penas previstas. Nuestros sistemas penitenciarios no cumplen con sus objetivos por ineficaces, no permiten la reeducación ni la readaptación a la vida social a quien delinque, pero aun así hay que estar a favor de la vida y su preservación, pues el fin no justifica los medios. El dilema es civilización o barbarie, y considerar la vigencia de lo segundo no es un buen pronóstico para la Justicia; es obligación moral de cada uno de nosotros procurar evitar que se potencien e intensifiquen los odios confesionales y se desarrollen posiciones y conductas intolerantes atribuladas por la irrupción a nivel mundial de una barbarie contagiosa y alienante que antes que buscar justicia persigue un fin vindicativo.