¿Cercenar o promover la protesta?

La presidenta Cristina Fernández puso énfasis en la abusiva apropiación de espacios públicos y la interrupción del tránsito, mientras que algunos legisladores provinciales lo hicieron en la interrupción en la prestación de los servicios públicos.

El elemento común de estas propuestas es que merecieron rechazos por quienes las consideraron una manera encubierta de cercenar las posibilidades de reclamar. Una visión alternativa es asumirlas como una “oportunidad” para que el tema tenga dentro de la agenda de políticas la prioridad que merece.

Resulta pertinente contextualizar el debate a partir del convencimiento de que la prosperidad de una sociedad depende de cuán participativo y plural es su sistema político.

No alcanza con convocar a elecciones cada dos años; el éxito depende de contar con instrumentos que permitan y promuevan que todos los sectores e intereses de manera permanente puedan expresarse y participar de manera activa y equilibrada en la toma de decisiones. Por eso, lo que necesitamos no es limitar las protestas y los reclamos, sino establecer mecanismos que los promuevan bajo pautas que garanticen la pluralidad y el respeto de los derechos del resto de la sociedad.

Planteado así, las opiniones de la Presidenta y el proyecto de ley de los legisladores provinciales son una invitación al análisis desprejuiciado y a activar la creatividad. Pero, para ello, es imprescindible, como primer paso, rechazar actitudes conservadoras que adhieren a mantener la situación actual.

Una sociedad plural no se construye con las reglas imperantes que llevan a que, en la práctica, para tener éxito en un reclamo hay que maximizar los perjuicios del resto de la sociedad. Responde más a una lógica autoritaria que democrática mantener el criterio de que los reclamos sean receptados en función de la violencia y la capacidad de daño que tienen quienes los promuevan.

Desde ese posicionamiento, y con una actitud innovadora, aparecen muchas alternativas que merecen ser exploradas. Por ejemplo, establecer la obligación de que todo funcionario público –de los tres poderes del Estado– sea legalmente obligado a receptar los reclamos y propuestas y a contestar los planteos, tanto en forma escrita o a través de audiencias públicas o privadas.

También puede ayudar al debate democrático y pluralista contemplar espacios gratuitos en los medios de comunicación masivos para que todos los sectores que tengan la necesidad de hacer un planteo sobre algún tema relevante para la convivencia social cuenten con la posibilidad de manifestar sus opiniones y explicar sus fundamentos.

En la misma línea, ayudaría a promover la participación en un pie de igualdad que se regule que, para decisiones de máxima importancia, se releve la opinión de la gente a través de encuestas o, directamente, usando consultas populares.

La puesta en funcionamiento de una batería de instrumentos de esas características debería ser acompañada con un rediseño de la figura del defensor del Pueblo.

Esta entidad debería jugar un rol protagónico apoyando el planteo de las iniciativas que preocupen a diferentes sectores, aportando asistencia técnica para mejorar su concepción y justificación y siendo un vehículo activo para su canalización y puesta en consideración de quienes tienen poder de decisión.

Así, todos los sectores –y no sólo los más poderosos, como ocurre hoy– podrán hacer escuchar sus reclamos y sus opiniones en un pie de igualdad, y ganar legitimidad regulaciones que garanticen la movilidad de los ciudadanos y el acceso a los servicios públicos.

*Directora ejecutiva de Idesa.