El caso Nora Dalmasso y el fracaso judicial

¿Por qué fracasó la investigación?, se pregunta este diario en su edición del domingo 25 de noviembre, en una nota que intenta comprender las razones por las cuales, después de seis años, el caso del asesinato de Nora Dalmasso, en Río Cuarto, ­quedó sin imputados y 
–más grave aún– sin atisbo alguno de conocerse la verdad de lo sucedido.

En ese informe periodístico, se reproducen las opiniones de los sujetos que intervinieron con diversos roles en el proceso.

Cada uno tiene su propia teoría y es probable que todas tengan algo de cierto. Pero en especial, por la autoridad que inviste, me interesa la palabra del fiscal. La suya vendría a ser algo así como la versión oficial de los motivos del naufragio.

Según el fiscal Javier Di Santo, “se investigaron todas las hipótesis pero no se logró el objetivo por diversas circunstancias aleatorias. Podemos investigar seriamente, científicamente y no lograr un resultado. No tenemos la bola de cristal; nos basamos en la prueba y a veces no tenemos éxito”.

El proceso que tuvo en vilo al país entero durante meses fue, desde el primer momento, una sucesión de errores y extravagancias difíciles de comprender.

Todo empezó con la imputación voluntaria de una persona que pretendía una prueba judicial contundente para que dejara de hablarse de él en la calle como sospechoso del homicidio; siguió con la detención escandalosa de un albañil y culminó con la imputación del hijo de la muerta.

Lo curioso es que estas hipótesis no eran sucesivas o subsidiarias; o sea, no surgían luego de descartar las otras.

Se trataba, al contrario, de imputaciones contradictorias y, por ende, excluyentes entre sí, formuladas en relación con tres personas distintas a quienes se les atribuía, al mismo tiempo, cosas diferentes.

Un disparate que está bastante lejos de la idea del fiscal de que fueron circunstancias aleatorias las que impidieron arribar a un resultado satisfactorio, y bastante cerca de la torpeza como genuina causa del fracaso.

Edmond Locard, uno de los ­grandes referentes de la criminalística moderna, decía que en toda pesquisa el tiempo que fluye es la verdad que se desvanece.

Desde mi punto de vista, la posibilidad de corregir los errores y encontrar a los autores del delito se perdió en los primeros momentos de la indagación, cuando la necesidad de mostrar resultados arrebató el buen juicio a los pesquisas.

Camino si retorno. El golpe de gracia, sin embargo, lo dio el fiscal con la absurda decisión de imputar a Facundo Macarrón, hijo de la víctima.

Este episodio ocurrió cuando, precisamente, se necesitaba un máximo despliegue de prudencia, habida cuenta de que por entonces los yerros se habían cobrado el cargo de un fiscal General y puesto en ridículo al mismísimo go­bernador de la Provincia y, en no menor medida, a la Legislatura local.

A partir de ese momento, la ­causa entró en un camino sin retorno: al atribuirle al hijo haber matado a su propia madre luego de abusar sexualmente de ella, el fiscal renunció a la verdad y selló definitivamente la suerte del proceso.

Si esa renuncia fue consciente o inconsciente, poco importa a esta altura, cuando los daños causados ya son irre­versibles.

La impunidad del culpable es un mal infinitamente menor comparado con la destrucción de la vida de un joven inocente a quien se le endilgó, con una ligereza que asusta, una acción monstruosa.

Siempre me llamó la atención que los agentes judiciales puedan aceptar prima facie como válida la idea de que los padres matan a sus hijos y que los hijos matan a sus padres sin motivos aparentes, cuando las historias de unos y de otros muestran antecedentes incompatibles con una conducta semejante y la prueba de cargo es tan pobre que requiere de mucha imaginación para sostenerla.

Los parricidios y filicidios son delitos que suceden en la realidad; nadie puede negarlo.

Pero una hipótesis de esa naturaleza sólo debería ser considerada si se encuentra respaldada por una sólida prueba y motivos suficientemente acreditados; no por el olfato de los sabuesos.

Lecciones. Como enseñanza de lo ocurrido, se debe asumir que, por lo general, nuestros investigadores –sean fiscales o policías– no están adecuadamente entrenados en el manejo de los hechos.

Pueden no ignorar las modernas técnicas para la investigación de los delitos pero, salvo honrosas excepciones, no aplican en sus tareas las herramientas de la lógica para elaborar razonamientos válidos, establecer inferencias o descubrir falacias, todo lo cual conspira contra una adecuada apreciación de la prueba indiciaria.

Los exámenes del Consejo de la Magistratura no alcanzan para comprobar si el aspirante tiene capacidad para construir con solidez un caso.

Las consecuencias se advierten recién cuando se aborda el tra­tamiento de un hecho complejo. 
Es allí donde la improvisación y hasta la buena suerte se tornan impotentes para el descubrimiento de la verdad.

Por eso, no sorprende que el ­doctor Di Santo se lamente por 
no tener la bola de cristal; herramienta de la cual podrían prescindir los buenos adivinos pero, al parecer, necesaria para algunos representantes del Ministerio Público Fiscal.