Calidad institucional 
como política de Estado

Las instituciones no sólo importan para tener una mejor democracia y desarrollo sino también, y sobre todo, para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Sin embargo, es imposible que las instituciones sean buenas sin una buena política. Y es imposible una buena política sin buenos liderazgos. Y sin instituciones, buena política y liderazgos funcionales, es casi imposible llegar a consensos básicos que sirvan de base para la adopción de políticas de Estado de mediano y largo plazo. Este es el círculo virtuoso que debemos construir. La experiencia comparada muestra que la baja calidad institucional es una fuente de inestabilidad que termina perjudicando el desempeño económico, la calidad de vida y las oportunidades de progreso de los ciudadanos. Sin instituciones que permitan mejorar la eficiencia y transparencia de las políticas públicas, será difícil mejorar el sentido de pertenencia de los ciudadanos respecto de un proyecto común. Las instituciones importan. A mediados del siglo pasado, para lograr un buen crecimiento económico, los modelos teóricos asignaban una importancia capital a la tasa de ahorro e inversión, al progreso tecnológico y al crecimiento de la población. Varios años después, surgió la corriente denominada "neoinstitucionalismo económico", liderada por los premios Nobel Ronald Coase (1991) y Douglass North (1993), cuyo fundamento era que "las instituciones son las reglas de juego de la sociedad o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones creados por los seres humanos que dan forma a la interacción humana; en consecuencia, aquéllas estructuran los alicientes en el intercambio humano, ya sea político, social o económico. El cambio institucional delinea la forma en que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a la vez, la clave para entender el cambio histórico".El pensamiento que predomina en la actualidad señala que las instituciones relevantes para el funcionamiento de una sociedad no son sólo la ley y el orden, así como el establecimiento de principios claros respecto de los derechos de propiedad (públicos y privados) y de los contratos, sino que también se requieren instituciones de regulación e instituciones políticas con alto nivel de legitimidad social. Como bien ha dicho el premio Nobel Amartya Sen (1998), el ejercicio de los derechos políticos y civiles no sólo tiene el valor democrático intrínseco de ampliar el grado de posibilidades y opciones de la ciudadanía; también tiene valor instrumental identificar y conceptualizar sus necesidades y estructurar políticas e instituciones para abordarlas de la manera más eficaz. Por ello, el buen funcionamiento democrático (división de poderes, legitimidad de sus principales instituciones, Estado de derecho y seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas) es una condición sine qua non para un desarrollo equitativo y sostenible.Por otra parte, las instituciones afectan el diseño y la ejecución de las políticas públicas, cuya calidad depende en gran medida de cuatro dimensiones fundamentales: 1) partidos políticos programáticos y bien institucionalizados; 2) una Legislatura con una sólida capacidad para elaborar políticas; 3) un Poder Judicial independiente y 4) una administración pública bien desarrollada.Pero si las instituciones importan y mucho, la calidad de los liderazgos es también crítica, ya que los líderes políticos pueden desempeñar una función positiva, como catalizadores en el desarrollo de las instituciones. Importan de manera especial la capacidad de éstos para cooperar y alcanzar acuerdos que perduren en el tiempo. Por el contrario, liderazgos disfuncionales suelen resultar marcadamente negativos, ya que si bien permiten que las cosas se realicen, lo hacen a costa del debilitamiento de las instituciones.Al interrogarse sobre las causas del creciente rezago de América latina en relación con otras regiones del mundo, cuyo nivel de desarrollo era menor hace tan sólo dos o tres décadas, Paulina Beato y Antonio Vives identifican la ausencia de consensos sociales básicos que den continuidad a las políticas como una de las principales causas de ese rezago. Una agenda para Córdoba. Es fundamental que Córdoba diseñe y ponga en marcha una agenda –con rango de política de Estado de mediano y largo plazo–, que esté dirigida al fortalecimiento institucional, en particular en lo que refiere a calidad de la política, transparencia, seguridad jurídica y modernización del Estado. La calidad de las instituciones no se construye de un instante a otro, por lo que es necesario un esfuerzo sostenido en el tiempo para avanzar efectivamente en esta materia. Pero aquélla no es responsabilidad sólo del Gobierno de turno, ya que las debilidades institucionales derivan de problemas y deficiencias que se han venido acumulando a lo largo de muchos años. Por todo ello, el compromiso de mejorar la calidad institucional de Córdoba no debe emanar únicamente del actual Gobierno sino del Estado en su conjunto, para lo cual es preciso involucrar a todos los sectores políticos y a toda la sociedad, incluido el sector privado, que bien puede y debe desempeñar un papel primordial en este tema. Importa, asimismo, poner cuidado al proceso de reforma. Hay que evitar cometer el error de reproducir instituciones que funcionan en otros contextos. Las instituciones "viajan mal", por lo que éstas deben reformarse en función del contexto económico, político, social y cultural donde operan. Debe evitarse un enfoque meramente tecnocrático. El proceso debe ser abierto, plural, inclusivo y participativo, así como estar fuertemente asentado en amplios consensos políticos y sociales que le otorguen legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. El punto de arranque radica en la elaboración de un diagnóstico que permita construir una agenda de reformas, ordenadas con base en su prioridad, grados de dificultad para su reforma y niveles de consenso.El mejoramiento de la calidad institucional es hoy una de las políticas de Estado de mayor valor estratégico para nuestra provincia. Recientemente, la importancia de este tema ha llevado al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec) y al Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba a proponer como política de Estado una agenda para el mejoramiento de la calidad institucional en nuestra provincia. La celebración del Bicentenario y las elecciones provinciales en 2011 constituyen una ventana de oportunidad, que no debemos desaprovechar, para generar un debate respetuoso y propositivo en torno de cómo mejorar la calidad de las instituciones y de los liderazgos, y con ello mejorar la calidad de vida de los cordobeses.

*Director regional de Idea Internacional  para América Latina