"Basura cero" para la ciudad de Córdoba

El desafío que tenemos los cordobeses en esta etapa es garantizar un estándar mínimo para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Este punto de arranque debe ser fruto de acuerdos básicos entre la mayor cantidad de actores posibles, para que todos podamos llevar adelante esa política en el tiempo, sin "bandazos" como los que hemos vivido en este último año.

En síntesis, debemos retomar el camino iniciado en 2008, cuando definimos un sistema de higiene urbana y creamos una empresa estatal-Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese)- para prestar el servicio de recolección de residuos y limpieza de la ciudad.

Tenemos varias ventajas. La primera es que contamos con una empresa pública como Crese, por lo que estamos convencidos de que el Estado debe ser protagonista central en la prestación de servicios públicos esenciales como éste, porque se trata de garantizar un derecho de los habitantes de la ciudad a vivir en un hábitat saludable y en un contexto medioambiental sustentable.

Crese, herramienta clave. La generación, el tratamiento y la disposición de residuos son un tema central de las grandes ciudades. Un manejo incorrecto de los residuos puede dañar el medio ambiente. La empresa Crese ha demostrado que es capaz de prestar un servicio eficiente y es, además, una herramienta central para impulsar una política de "basura cero".

¿Por qué? Crese no tiene fines de lucro, no está impulsada por el afán de obtener el mayor beneficio posible de la concesión de un servicio público. Su objetivo debe ser, entonces, llevar adelante una política de "basura cero".

Los cordobeses ya no tenemos que pelear contra un prestador privado que trata de imponer su interés particular por sobre el del conjunto. La salida de Cliba y la creación de Crese terminaron con esa discusión.

La segunda cuestión es que los cordobeses, al aprobar el pliego de licitación de este servicio en 2008, discutimos masivamente un modelo de intervención sobre este tema -audiencias públicas, una comisión especial en el Concejo Deliberante y reuniones con decenas de organizaciones sociales- y pudimos consensuar líneas clave para hacerlo. Por ello, creo que ése es el punto de arranque.

Nosotros adherimos al esquema "basura cero" que impulsan las principales organizaciones ambientalistas y consideramos que los sistemas de incineración son contaminantes. Por lo tanto, decimos con toda claridad que no debe licitarse otra vez para concesionar un sistema de incineración de residuos.

Mayores costos. Las políticas que contemplan ese sistema tienen mayor costo para la sociedad, tanto en términos económicos como ambientales, y son la respuesta de las compañías privadas de ingeniería ambiental para sostener sus niveles de renta ante el desarrollo de sistemas más eficientes y participativos, como el de "basura cero", para hacer frente al dilema sobre qué hacer con los residuos que generamos.

No es caprichoso lo que digo: el 90 por ciento de los residuos es reutilizable o puede ser tratado sin enterrar.

El plan incluye:

a) Reducir la generación de residuos por habitante.

b) Clasificar (separar entre orgánicos e inorgánicos) los residuos en los hogares.

c) Promover que las empresas reutilicen los materiales como vidrios y plásticos, entre otros, premiando a quienes lo hacen.

d) Conformar "puntos verdes" para que los eco-recolectores organizados conviertan la reutilización de residuos inorgánicos en una actividad económica formal.

e) Producir fertilizantes a partir de materia orgánica.

f) Enterrar el remanente de residuos que no pudieron ser aprovechados.

g) Generar biogás. Este sistema aporta a la lucha contra el calentamiento global, es más barato en términos económicos y es sustentable en el tiempo.

El conjunto de este sistema debe tener compromisos concretos y medibles a alcanzar. Esos resultados y la propia operación deben ser monitoreados de manera constante por organismos públicos especializados en la materia y por las universidades nacionales. Y también por los vecinos, para lo cual propongo crear un Consejo de Control Social del Servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba, integrado por representantes de los centros vecinales, las ONG que tratan temáticas ambientales y de derechos, y las centrales empresariales.

Este plan no es nuevo; implica sólo recuperar el esquema que diseñamos en 2008.

Debe ser instrumentado por la empresa Crese con el apoyo del Estado municipal y el compromiso de todos los cordobeses.

Estamos convencidos de que ésta es una verdadera política pública, capaz de garantizar el derecho que tienen los habitantes del municipio a vivir en una ciudad ambientalmente sustentable.