Autonomía de los municipios
Autonomía y dependencia económica son términos antónimos e incompatibles.
A 22 años de la reforma la Constitución Nacional –que incluyó entre sus novedades la consolidación de la autonomía municipal–, nuestro país aún no logra superar el debate entre el mito y la realidad de sus promesas. Los artículos 5 y 123 de nuestra Constitución, que con claridad dibujan un escenario de autonomía política, institucional, administrativa, económica y financiera para todos los municipios del país, y obligan a las provincias a su inclusión, ofrecen en realidad un blindaje normativo formal que se suma al creciente listado de deudas constitucionales argentinas.
Malas costumbres
La arraigada tradición en el incumplimiento de la Constitución debilita y desvaloriza nuestras normas asignándoles en la práctica el valor que se les otorga a las simples declaraciones de deseos.
En este sentido, el complejo andamiaje jurídico que anima a nuestro federalismo establece cuatro órdenes de poder: la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y los municipios, y concede a cada espacio un conjunto de competencias y facultades interrelacionadas y en constante dinámica con el sello de la autonomía.
Una rápida lectura sobre la situación de la autonomía municipal en todo el país nos enfrenta a dos problemáticas centrales: la disparidad normativa en las constituciones provinciales sobre el reconocimiento de la autonomía municipal plena, y la encrucijada económica.
Ambos extremos resultan condicionantes insuperables para la autonomía municipal argentina y el cumplimiento del mandato constitucional nacional. Reducen a los municipios a simples descentralizaciones administrativas y operativas de funciones, que las provincias no quieren asumir o les resultan poco interesantes.
Córdoba –paradigma nacional del reconocimiento formal de las autonomías nacionales, con más de 420 administraciones locales reconocidas y un ejemplo de Constitución provincial digna de admiración– borra con su codo lo que escribe con su mano.
La arbitrariedad en la distribución de fondos coparticipables y la irregularidad de un sistema de asistencia financiera limitan el desarrollo autonómico de las funciones y competencias municipales. El resultado es que el municipio se transforma no sólo en el último eslabón en la cadena de gobierno, sino en un enclave de dependencia provincial y nacional.
Autonomía y dependencia económica son términos antónimos e incompatibles. Y es una grosera incoherencia otorgar independencia formal (normativa) pero limitando los recursos para volverla efectiva.
De esta manera, la idea de autonomía municipal queda anclada a la benevolencia y buena predisposición de los estados nacional y provincial, lo que impide el desarrollo de una agenda de autogobierno local y hace que sus competencias y facultades locales sean simplemente poderes subsidiarios.
El gran paso
A fines de septiembre, el país vivió una jornada histórica. Convocado por el presidente Mauricio Macri, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Intendentes. Más de 1.800 jefes de Gobierno se dieron cita en Tecnópolis, lugar donde se planteó a viva voz, de manera unánime y sin distinción de banderías políticas, el reclamo de los municipios por una correcta y justa distribución de los fondos indebidamente retenidos por los gobiernos provinciales.
La problemática de la autonomía municipal en nuestro país no encuentra solución a través de la sanción de nuevas y mejores leyes –que en definitiva no dejan de ser más promesas–, sino en un proceso de saneamiento de nuestra cultura constitucional y curación de la salud republicana y federal argentina. Debemos comenzar a dar el gran paso.
* Diputada nacional (UCR), presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales
