Apostillas a la emergencia en seguridad pública

Hace unos días se declaró la emergencia en seguridad pública que comprende medidas referidas a la lucha contra el narcotráfico, otros delitos complejos y el crimen organizado. El narcotráfico es el que más percibe la opinión pública, porque los males que genera son visibles todos los días y repercuten directamente sobre la sociedad. Por ello, enfrentarlo ya no es una opción, sino una obligación que requiere urgencia.La estructura antidroga del Estado nacional debería actuar en dos frentes bien identificados: frenar en las fronteras el ingreso de drogas y narcotraficantes al país y combatir la producción interna de drogas, en especial las drogas de diseño, que cada vez ganan más consumidores.En el primer escenario se actuará con el Operativo Fronteras, en reemplazo del Operativo Escudo Norte. Buscará fortalecer el control fronterizo mediante la restitución y reorganización de las fuerzas de seguridad desmanteladas en ese sector en los últimos cinco años para trasladarlas a los ambientes urbanos con funciones de seguridad ciudadana.No obstante, el surgimiento de este nuevo operativo como mecanismo de lucha contra el tráfico de drogas por puntos de ingresos no convencionales requiere ajustes técnicos y reglamentarios, producto de la experiencia reunida en los más de cuatro años de operaciones específicas.La articulación con la Fuerza Aérea en su esfuerzo para controlar el espacio aéreo del país –mediante la utilización de los medios tecnológicos disponibles y los que a futuro se vayan incorporando– será de vital importancia para la obtención del fin deseado. Respecto de la Dirección General de Aduanas, son tan específicas su función y su zona de responsabilidad en relación con el ingreso de estupefacientes por los pasos fronterizos habilitados que no es necesaria su inclusión en el programa, pero sí una estrecha coordinación. En este contexto, la capacitación operativa y la motivación del personal antidrogas se tornan fundamentales para la reorganización de las fuerzas de seguridad, puesto que en los últimos años los equipos técnicos fueron desarmados para afectarlos a otros servicios.Asimismo, es primordial la restitución en los efectivos de los valores que caracterizan al buen funcionario, el sentido de pertenencia institucional y la vocación de defensa de la sociedad.Un aspecto –sustancial en cualquier operación– que requiere urgente revisión es el apoyo logístico. En los últimos años, las fuerzas de seguridad incrementaron sus medios materiales en buenas cantidades, pero no en la calidad necesaria, lo que, sumado a la falta de mantenimiento, pone en evidencia un estado preocupante (recordar el accidente del ómnibus de GNA en Salta que en diciembre pasado provocó 43 muertos).

El segundo frente: combatir la producción interna de drogas es aún más complejo, porque algunos territorios de los centros urbanos del país se encuentran dominados por las organizaciones delictivas, y existe complicidad de las fuerzas policiales y de ciertos sectores sociales.

Hoy, esta modalidad de producción y tráfico ha crecido considerablemente y los organismos de control no están bien preparados para esa lucha.

No obstante, se cuenta con algunos instrumentos provinciales que perfeccionados podrían ser de mucha utilidad inicial, siempre y cuando sean parte de una estrategia nacional antidroga.

La diversidad de características que presentan los escenarios narcos del país así lo exige. La desfederalización de la lucha contra las drogas no alcanzó los objetivos perseguidos.

En este escenario será fundamental el control y recuperación de los territorios dominados, donde la participación policial es sólo una parte, puesto que allí se requiere un trabajo profundo, efectivo y articulado de todos los sectores.

Las organizaciones no gubernamentales y las iglesias no deberían estar ausentes en este esfuerzo. En este sentido, resulta interesante el proyecto que Córdoba procura experimentar.

La rápida y decidida actuación en esos escenarios generaría un importante cúmulo de datos e informaciones, los que, procesados y analizados por los equipos técnicos que trabajen en auxilio de los fiscales y jueces intervinientes, permitirían avanzar en las causas contra las organizaciones y sus líderes. Este procedimiento es esencial para atacar los bienes patrimoniales de los narcotraficantes. También, este trabajo técnico sería una usina de producción de inteligencia operativa para fortalecer los controles hasta tanto se regenere la capacidad de la inteligencia criminal ausente en la actualidad.

Tanto en uno como en otro escenario, es importante fortalecer liderazgo y capacidad de mando de los que conduzcan los equipos de trabajo: este tema es esencialmente el punto de partida en el control de la corrupción. A partir de esa base se torna muy importante la implementación de programas de transparencia para ser aplicados en los órganos afectados a esta lucha. Además, la corrupción debe ser atacada en forma contundente en los poderes del Estado y en todos los niveles de las organizaciones.

Es esperable que la implementación de una acción frontal contra el tráfico de drogas provocará una reacción de los narcotraficantes y los entornos interesados en las ganancias de esta actividad ilegal contra aquellos que les representen un escollo. Por lo tanto, habrá que innovar y fortalecer las medidas de contrainteligencia y seguridad para con los jueces, fiscales, agentes antidroga y periodistas que trabajen contra este mal, para generar un panorama hasta ahora desconocido en Argentina.

El tráfico ilícito de drogas es un delito caracterizado por ser transnacional y global. Identificar esa característica plantea la necesidad de la integración regional e internacional para combatirlo.

En los últimos años, la Argentina se ausentó de los foros internacionales referidos a la problemática de las drogas, lo que le significó al país el aislamiento en la lucha contra el narcotráfico.

Encarar un plan de lucha contra el tráfico ilícito de drogas incluye el restablecimiento urgente de las relaciones internacionales en esos ámbitos y retomar el cumplimiento de los convenios vigentes.