Amia: entre la política y la justicia

Ni el más avezado observador político; ni hasta, quizás, Cristina Fernández, habría podido imaginarse que su último año de gobierno pudiera estar manchado por una impactante acusación de encubrimiento en su contra, relacionado con el acto de terrorismo más grave de nuestra historia. Ahora puede apreciarse lo tardía que fue la remoción que ordenó la Presidenta en la ex Side hace un mes.Políticamente, parece ser esa la consecuencia previsible que tendrá la denuncia del fiscal especial para la causa Amia, Alberto Nisman. La oposición buscará sacarle el mayor jugo político, estirando los tiempos, de modo de afectar el poder de decisión que conserva la Presidenta a nueve meses de las elecciones que designará a su sucesor.No faltan quienes atribuyen similares motivaciones a los embates que partieron este mes desde el Poder Judicial.Las medidas a nivel de juzgado y de cámara terminaron por ponerle un freno definitivo a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que el 2 de febrero asuman sus funciones los 16 nuevos fiscales subrogantes, designados para poner en marcha, aún sin fecha, el flamante Código Procesal Penal. Judicialmente, en cambio, están por probarse las consecuencias de la denuncia de Nisman. "Si a la lógica casi perfecta de su razonamiento, puede respaldarla con pruebas, será un bombazo", dijo a este periodista una alta fuente de los Tribunales porteños. "De lo contrario…". Por lo pronto, Nisman se comportó como un verdadero adelantado en la aplicación del nuevo código procesal, al abrir por las suyas una segunda investigación que involucra a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros, a partir de escuchas telefónicas autorizadas en función de la causa original, el atentado a la Amia. Esa conclusión se desprende de los dichos del juez federal a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, en una más de las diferencias que en estos 10 años de investigación conjunta han tenido. El juez declaró constitucional el acuerdo con Irán, cuando el fiscal pretendía su inconstitucionalidad.A tono con el interés del oficialismo para capear tan tremendo temporal, desde la presentación de la denuncia, el miércoles, Canicoba Corral se ocupó de marcar las irregularidades que a su juicio existieron (apertura de otra causa a partir de escuchas de la primera, no haberlo informado sobre esa investigación, no haberle anticipado que presentaría la denuncia), y que podrían ser eventuales causales de nulidad. También de que las escuchas realizadas por agentes de la ex Side no son en sí mismas elementos de prueba sino apenas conducentes a pruebas.¿Qué elementos probatorios tendría Nisman? Nadie los sabe. Podría inferirse que uno de ellos sería la lista de agentes de la ex Side que habrían estado al tanto del supuesto plan de encubrimiento de Irán. En ese sentido, Nisman apostó fuerte: le pidió al nuevo jefe de la hoy Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, que levante el secreto sobre los archivos del organismo relacionados con la Amia. Se trata de una decisión que corresponde a la jefa de Estado, según la ley. Cualquiera sea esa decisión, por sí o por no, tendrá un costo político.Habrá que esperar hasta el 2 de febrero, cuando se normalice la actividad judicial, para ver qué pruebas tiene Nisman. Antes, el juez Ariel Lijo deberá resolver si se queda con la denuncia o la manda a la Cámara para que ésta la sortee entre la docena de jueces federales porteños. Demasiado tiempo, a juicio del Gobierno, como para que quede sólo en el plano político una denuncia de tamaña gravedad institucional. Por eso finalmente resolvió asistir el lunes a la comisión de Diputados y reclamar que sea pública, así Nisman "tendrá que mostrarle a los argentinos las pruebas contra la Presidenta", según desafió el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.Es difícil que, en tanto funcionario de la Justicia, en una reunión que había pedido a puertas cerradas, el fiscal lo haga. Politizar la Justicia es la lógica del Gobierno; judicializar el caso es la de Nisman. Aunque esto sea en apariencia, a juzgar por las circunstancias que rodearon el momento de una denuncia que, según fuentes judiciales, tenía redactada hace meses. Por un lado, la limpieza ordenada en la ex Side, incluido el despido del histórico hombre fuerte Antonio Stiuso, promotor junto a Nisman de la "pista iraní" en el atentado, quien en represalia por su despido bien podría haberle aportado nuevos elementos (¿de prueba?) al fiscal. Por otro, la tibia actitud del Gobierno ante los atentados terroristas en Francia, tibieza que cabría hacerla extensiva al conjunto de países latinoamericanos.Hasta que los Tribunales reabran sus puertas, la política lo teñirá todo. Después, también; aunque cabe esperar que entonces empiece a andar la hora de la verdad.