Algo debe funcionar mal

El sistema creado para perseguir y castigar la corrupción no funciona. Mientras va pasando el tiempo, vemos que son contados los casos en que alguien va preso, pese a la existencia de gran cantidad de denuncias sobre presuntas comisiones de irregularidades administrativas. Por "corrupción", podemos entender el uso ilegal del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, secreta y privada, con manipulación de los medios en beneficio propio y en perjuicio de la población.Comprende delitos tales como el cohecho –recibir u ofrecer coimas–, el tráfico de influencias, la utilización con fines de lucro de información o datos de carácter reservado de los que se hayan tomado conocimiento en razón del ejercicio de cargos o la imposibilidad de justificar los enriquecimientos del patrimonio personal durante la función pública.Dada la casi imposibilidad de probar el uso de informaciones de carácter reservado para fines lucrativos propios, si bien no cabría el reproche legal para los funcionarios que sí pueden justificar la procedencia de los enriquecimientos exorbitantes acaecidos durante sus gestiones, acaso sí podrían ser adjudicatarios de un reproche moral.Pensemos en el contraste entre muchos funcionarios actuales y aquellos dirigentes locales, nacionales e internacionales que supieron liderar sus comunidades en el plano político, social y, fundamentalmente, ético.Desafortunadamente, parece que la corrupción se ha constituido en un elemento estructural y cultural de nuestra sociedad. Los dirigentes han comprendido que sólo con el discurso de la anticorrupción no se ganan elecciones, así es que lo van deslizando de manera elegante con el pie hacia un costado.La población en general no vota por la transparencia, más bien acepta la corrupción como un rasgo irremediable de la vida política nacional. Vivimos en una sociedad anómica que ha perdido la capacidad para formar y dejar emerger líderes políticos que sean ejemplos morales para los argentinos.Uno de los instrumentos de la lucha contra el aludido mal uso del poder público son las oficinas anticorrupción, cuya efectividad podría ser cuestionada, por ser designados los fiscales anticorrupción por el mismo Poder Ejecutivo al que se supone deben controlar y denunciar. ¿No terminará todo allí en agua de borrascas, en una cena de camaradería?Sin embargo, el instrumento por excelencia es, o debería ser, la Justicia, cuyo papel amerita, asimismo, ser puesto bajo la lupa en algunos aspectos; por ejemplo: existen sospechas de que en algunos ámbitos judiciales se direcciona el sistema de sorteos de asignación de causas, lo que ocasiona que innumerables casos de alta resonancia política caen en los mismos juzgados de siempre, con una frecuencia que contraría cualquiera de las leyes de la lógica y la probabilidad estadística.En la comisión de delitos contra la administración pública, se encuentran comprometidos ciertos elementos y valores –tales como la hacienda pública y la confianza del pueblo argentino en sus dirigentes– que deberían ser elevados al rango de esenciales.A diferencia del ladrón ordinario, quien arremete contra la propiedad común le hurta a toda una sociedad, a todo un país. Es por ello que considero que algunos delitos de lesa administración deberían ser imprescriptibles.Esto permitiría contrarrestar el accionar de ciertos jueces que, tras largos e innecesarios años de procesamiento, terminan dictando fallos anodinos, que no afectan a los implicados y que convierten la causa en cosa juzgada, complicando la posibilidad de su reapertura y la continuidad de la investigación.