Agostina Vega está muerta. Su cuerpo, diseccionado, fue encontrado este sábado a una semana de su desaparición. Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen y, por el momento, único detenido en la causa, ya es un caso testigo que exhibe y sintetiza –una vez más– una serie de acciones que demuestran la conexión entre la política, los barrabravas, el sindicalismo y el Estado.
Como cada vez que se unen estos eslabones, el resultado es el mismo: aprovechamiento de lo público y opacidad al servicio de la mala política que supimos conseguir.
Hasta el miércoles, cuando la Municipalidad de Córdoba tomó la decisión de desvincularlo como becario tras cinco años en esa condición, Barrelier era parte de la dependencia municipal encargada de entregar carnés de conducir a motociclistas.
El hombre de 33 años seguía realizando tareas en la gestión de Daniel Passerini tras haber ingresado al municipio en 2021, durante el mandato de Martín Llaryora en la Capital.
Lo incomprensible y reprochable es que Barrelier siguió como si nada hubiera pasado, pese a haber estado preso cuatro semanas el año pasado en la cárcel de Bouwer por un episodio que, visto hoy en perspectiva, se parece bastante al que lo tiene otra vez tras las rejas. Aquella joven, por suerte, tuvo mejor destino que el horrendo final de la pequeña Agostina.
Barrelier integra una facción de las tantas tribus en las que se divide la barra de Instituto. Y logró un lugar en el Estado, en la categoría más precarizada de la carrera municipal, gracias a sus vínculos políticos con el hoy concejal Ricardo Moreno. Experimentado abogado penalista, Moreno es, además, cabeza de las 62 Organizaciones Peronistas y, desde allí, forma parte del staff de dirigentes que comparten actos con las principales figuras del Gobierno provincial y municipal.
Hay miles de Barrelier en los distintos niveles del Estado. Y también de Moreno. Los nombres propios cambian, pero la mecánica queda y hasta se perfecciona.
El esquema de punteros y de caciques territoriales rentados con los impuestos y tasas que paga la sociedad es una constante de la política. No pasó tanto tiempo desde otro escándalo que evidenció algo parecido. Aún está fresco el caso de Guillermo Kraisman y la empleada “fantasma” de la Legislatura que cobraba sin trabajar, caso que todavía espera respuestas del complaciente Fuero Anticorrupción. Otro estamento; la misma metodología. No hay responsables. En Córdoba, casi siempre sale gratis transgredir las reglas desde el Estado.
Este sistema –que, para ser justos, no es patrimonio sólo de la dirigencia de Córdoba– se ha institucionalizado por décadas de uso. Nadie que forme parte de él y se sirva de esos beneficios lo discute. Lo peor y más preocupante es que seguirá así más allá de Agostina y de este presente de horror.
¿Hay alguien ahí?
Pese a tener antecedentes penales, Barrelier iba derechito a consumar el objetivo de cualquiera de estos militantes a sueldo: ascender en la carrera estatal, en este caso municipal. El detenido integraba ya un listado indeterminado de becarios que ingresaron en 2021 y que estarían a punto de ser contratados bajo la figura de “08”, como se conoce a quienes dan un paso clave para iniciar el proceso de estabilidad laboral en el Estado.
¿Cuántos becarios-pasantes hay en la Municipalidad? Imposible saberlo. Ni la gestión Llaryora ni la de Passerini informan públicamente sobre ese universo que el gremio y la oposición cifran en “unos cinco mil”. En el passerinismo aseguran que “fluctúan entre 2.500 y 2.800”, aunque es imposible conocer qué hacen, y mucho menos el criterio por el que perciben un ingreso del municipio.
Hallaron el cuerpo sin vida de Agostina Vega: lo que se sabe del caso
Quienes forman parte de esta categoría cuasiinformal cobran un máximo de $ 600 mil por cuatro horas de trabajo. No tienen obra social. “Son los más fáciles de presionar por quienes los pusieron allí. Están a una firma de seguir o ser echados”, dice desde adentro un conocedor del sistema.
La propagación de becarios se produjo durante el primer tramo de la gestión Llaryora y en medio de la pandemia de 2020, cuando el hoy gobernador avanzó sobre el gremio, lo que derivó en una disputa de meses. Desde aquel momento, los becarios fueron creciendo en número y consolidándose. Fue la manera de argumentar oficialmente que se “frenó” el ingreso de personal al Estado. Lo que pasó, en realidad, es que cambió el circuito de acceso, y se hizo más informal y precario. También más barato.
Eso sucedió al mismo tiempo que se decidió voltear el esquema de ingresos por concursos que instauró el entonces intendente Ramón Javier Mestre, enfrentado en aquel momento con Rubén Daniele, líder del Suoem. Aquel esquema representó un primer ordenamiento para una situación que se había desmadrado.
Hoy, el control de los empleados se divide en dos canales bien diferentes. Por un lado, los agentes de planta y los contratados –rumbo a la estabilidad plena– dependen de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano. Es la ruta asfaltada. Esa área tiene a su cargo fiscalizar que los empleados cumplan con los requisitos que estipulan las normas vigentes.
Otro camino mucho más sinuoso y discrecional está disponible para los becarios y monotributistas. En ese plano, cada secretario o director de área tiene la capacidad de contratar. “Hay áreas donde se controla, y en otras todo es más laxo”, reconoce una fuente oficial. “En el caso de Barrelier, no era un ñoqui. Iba a su trabajo”, aporta otro vocero, sin dejar de reconocer el “bache” de información sensible que se produjo cuando estuvo preso en Bouwer.
Esa falencia es clave y muestra la enorme limitación del municipio para constatar la conducta de quienes, aun en condición precaria, lo representan.
Impacto político
Sin embargo, estas incongruencias y falencias para controlar desde el Estado a quienes se les paga no es lo que más preocupa al oficialismo. Como nunca antes había sucedido en la gestión Llaryora, el caso Agostina expone a uno de los funcionarios en los que el gobernador depositó más expectativas: el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
El exjuecista fue pensado al inicio de la gestión como un fusible en la sensible y siempre caliente área de seguridad. Pero, con el paso del tiempo, Quinteros se consolidó en el puesto con un estilo que hasta sus más acérrimos rivales le reconocen: trabajo 24 por 7 y una exposición pública inusual.
Sin embargo, Quinteros encontró esta semana un límite hasta acá inexplorado. El abuelo materno de la pequeña víctima lo responsabilizó de no haber reaccionado a tiempo. Le endilga algo incomodísimo para el funcionario: que, mientras celebraba el título de Belgrano –club del que Quinteros es hincha confeso–, los pedidos de ayuda de la familia fueron desoídos en medio de la caravana pirata del lunes.
En medio del drama y atravesado por el dolor por la situación de su nieta, el hombre arremetió contra el funcionario: lo insultó al declarar ante los medios, le endilgó buscar sacar un aparente provecho político de la situación y juró que se ocupará “personalmente” de él.
El Panal siguió con extrema atención y preocupación el caso. El desenlace, aunque infortunado, trajo alivio. Cerca de Llaryora destacan que el episodio se resolvió gracias a la "potencia" operativa de la Policía. Y volvieron a rescatar la labor de Quinteros. El gobernador habla de "acierto" para referirse a aquella designación de diciembre de 2023, cuando convocó al exopositor para que se sumara a la gestión.
Si bien reconocen que el impacto de un tema de esta naturaleza tendrá un efecto negativo, consideran que será acotado. Argumentan que, por no tratarse de un hecho de inseguridad típico sino de uno de instancia privada, la responsabilidad achacable se desvanece. "Nadie quiere ser noticia nacional por un caso como este. Si se resolvió es porque tenemos las cámaras y la tecnología para cercar al asesino", destacó un miembro del Gabinete.
Mientras tanto, los adversarios internos de Quinteros celebran por lo bajo. Consideran que, más allá del desenlace, al ministro le entró la “primera bala”. Y que le produjo un desgaste público. Como con las fallas en el control municipal de Barrelier, la vieja política actúa como si nada hubiera pasado. La desconexión es total.
