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Acreedores y deudores en los sistemas previsionales

En un reciente artículo publicado en La Voz del Interior , titulado “Antídotos contra la demagogia previsional”, el presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano, puntualiza dos aspectos sobre esta cuestión. Luis Enrique Moncada. .

22 de febrero de 2011 a las 12:01 a. m.
Luis Enrique Moncada*
Acreedores y deudores en los sistemas previsionales

En un reciente artículo publicado en La Voz del Interior , titulado "Antídotos contra la demagogia previsional", el presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano, puntualiza dos aspectos sobre esta cuestión: a) lo tentador que significa para un funcionario tomar "medidas simpáticas" y evitar las "antipáticas"; b) el antídoto contra esa tendencia efectista y cortoplacista, denominada "demagogia previsional", sería la definición de políticas de Estado que trasciendan la alternancia democrática. En el marco de ese diagnóstico de tentaciones y generalizaciones de culpas, queda atrapada la clase política de Córdoba, salvo, el rescate de la actitud del gobernador Juan Schiaretti. La parte de su discurso ante la Asamblea Legislativa es ponderada por el mencionado funcionario como "un acierto", al señalar el mandatario que la cuestión previsional "es una de las principales deudas que mantiene el sistema político con la sociedad de Córdoba, que amerita una convocatoria a acordar reglas de sustentabilidad (...)". Cambios en 2001. Al administrar recursos presentes para afrontar erogaciones de trato sucesivo, todo sistema previsional relaciona generaciones, así como sobrevive a la "alternancia democrática", lo cual está expresamente legislado tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial. Un somero análisis de nuestra carta fundamental provincial y sus modificatorias nos muestra la existencia de cláusulas que prohibían la modificación de la ley previsional por intervalos menores a la duración del mandato del cargo de gobernador (la del año 1921 y su modificatoria de 1987, poseían intervalos de 10 y ocho años, respectivamente). La reforma de 2001, propagandizada para "achicar los gastos de la política", se declaró soberana en una sesión y eliminó la cláusula que impedía la modificación por un intervalo de ocho años como mínimo. A partir de 2001, el sistema quedó a merced de la demagogia previsional. A esta grieta constitucional habrá que tenderle un puente, de lo contrario las "tentaciones" podrían recobrar vida.Según el diccionario, demagogia significa "degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder". De manera tal que, siguiendo el razonamiento del artículo sobre la titularidad de la deuda social que la clase política ostenta, las medidas previsionales "simpáticas" que se tomaron a partir de 2001, así como aumentaron el "pasivo" de los políticos, generaron para otros políticos una "acreencia" en los procesos electorales con rango de privilegio especial. Además, todo esto de la mano de un principio elemental de la ciencia contable: "no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor". Esta triste y fatal parábola marca cómo algunos pocos deudores mutaron en acreedores. Los tres períodos constitucionales consecutivos del actual Gobierno indican que, así como no hubo "alternancia democrática", tampoco hubo política de Estado previsional en el sentido estricto del término. Son casi 12 años de un perfecto y peligroso movimiento pendular, en el que, por ejemplo, la crucial modificación de 2001 disparó una seguidilla de "leyes parches" y contradictorias que posibilitaron a un mes de la elección provincial de septiembre de 2007 anunciar el "82 por ciento para todos" y al año siguiente aprobar una emergencia previsional que poco tiempo después culminó, en una suerte de tope judicial máximo con el 82 por ciento del 82 por ciento, que otrora se aborrecía.Nadie puede estar en desacuerdo con la imperiosa necesidad de acordar pautas de consenso. No obstante, los que se sienten a la mesa deberán meritar: 1) que hay un nuevo actor: el Gobierno nacional (Pacto de Saneamiento para la Armonización y Financiamiento del Sistema Previsional), cuyo peso es de tal importancia que en 2012 vence el acuerdo del envío de fondos, que cubren entre 25 y 30 por ciento de la plantilla de haberes previsionales; 2) la situación cuasi terminal del sistema acota las chances de mayores exigencias; 3) ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno provincial asignar recursos de su Presupuesto? Todo esto en el marco de la apertura de sus cuentas a la luz pública porque, más allá del buen trabajo estadístico e informes de los años 2008 y 2009 que Osvaldo Giordano ha realizado, hace 16 años que la Caja está intervenida por el Poder Ejecutivo y tanto los pasivos como los activos no han tenido acceso a la información y mucho menos al control como consecuencia de haber perdido sus respectivos espacios en el directorio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

*Ex presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.