Acostumbrados a vivir sin ley

El reciente embate de Hebe de Bonafini contra la Corte Suprema de Justicia provocó rechazos hasta en el kirchnerismo, pero no sorprendió demasiado. La sociedad está acostumbrada a que figuras públicas crucen el límite de la prudencia en sus luchas políticas. Aunque los excesos sean más graves en quienes tienen responsabilidad de gobierno, esa actitud no es patrimonio sólo del oficialismo ni es nueva. Está enraizada en una sociedad acostumbrada a no respetar la ley ni las normas de convivencia.Hay ejemplos rotundos. El oficialismo planteó desde los inicios de la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) que no reprimiría la protesta social. La sociedad absorbió la idea de buen grado. Pero hay situaciones que se salen de cauce.Un caso fue el corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos por el conflicto de la papelera ex Botnia. La Casa Rosada toleró y hasta apoyó la medida como parte de la disputa que Néstor Kirchner tenía con su par uruguayo. Finalmente, cuando la acción ya había perdido sentido, el Gobierno –en este caso, el de Cristina Fernández– acusó judicialmente a los protagonistas del corte y logró el levantamiento de la medida. No pudo evitar la contradicción: el Gobierno se quejó más de una vez de los cortes de puentes que en Buenos Aires hacían piqueteros de izquierda, mientras guardaba silencio sobre el de Gualeguaychú.También fueron emblemáticas las protestas contra las retenciones móviles al agro, a mediados de 2008. Con apoyo de la oposición política, los productores rurales efectuaron cientos de cortes de rutas simultáneos durante semanas, conculcando derechos de millones de compatriotas a circular, a desplazarse, a trabajar. Y, como frutilla del postre, dirigentes ruralistas sugirieron desconocer la votación del Congreso si se resolvía a favor de las retenciones. Más allá de los políticos. En los últimos meses, en una escalada en la confrontación con la Justicia, el Gobierno nacional apoya al de la provincia de Santa Cruz, que rechaza una resolución de la Corte Suprema para reponer a un funcionario provincial echado por Néstor Kirchner en 1995. Con fundamentos de índole operativos, el oficialismo desconoce al máximo cuerpo judicial. En la marcha a los Tribunales porteños para presionar a la Justicia por la ley de medios, se enmarcaron las amenazas de Bonafini. Habían pasado pocos días desde que el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, había dicho que el Gobierno no eligió a la actual Corte para que actúe como lo hace, en una muestra de que pretende un tribunal amigo, como sucedió durante el menemismo.A comienzos de este año, oficialistas y opositores se trenzaron en el Congreso en virulentas discusiones sobre el pago de deuda pública con reservas del Banco Central y el manejo de las comisiones legislativas, en un debate en el cual, antes que fijar posturas políticas, uno y otros se acusaron de violentar la ley. Lo más penoso es que en algunos casos las dos partes tenían razón. Los ejemplos exceden a los políticos. Es moneda corriente que empresarios no respeten las leyes laborales ni ambientales y que gremialistas violen normas en su carrera para acumular poder. En la Argentina, no sólo faltan políticas de Estado y voluntad de consenso. Se llega al punto de desconocer la legalidad para no ceder en intereses políticos. Si los dirigentes asumen semejante desviación con naturalidad, es lógico que el ejemplo se consolide hacia abajo, en una sociedad donde la ley parece tener sólo carácter orientativo.