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Tragedia de Once: el fiscal pidió juicio oral y público para todos los imputados

"Era una bomba que podía explotar en cualquier momento", dijo en su dictamen. Casi $ 2 mil millones en subsidios.

24 de enero de 2013 a las 12:01 a. m.
Agencia DyN
Tragedia de Once: el fiscal pidió juicio oral y público para todos los imputados

Buenos Aires. El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer el juicio oral y público para los 29 imputados por la tragedia de Once, entre ellos, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el exjefe de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano. Delgado atribuyó a los exfuncionarios la calidad de "cómplices", a raíz de las omisiones en el control del destino de los subsidios estatales para el funcionamiento de los trenes. La acusación alcanza también a los exjefes de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro, y al exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, además de a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano y al maquinista, Marcos Córdoba, por la tragedia que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. "Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución Nacional resumido en la fórmula 'afianzar la justicia'", sostuvo el fiscal, quien presentó la requisitoria de juicio, 48 horas antes de que se vencieran los plazos procesales. "El Estado, para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos", sostiene el dictamen. Según el fiscal, la tragedia no se produjo antes sólo por una cuestión fortuita, pues la circulación del tren estuvo "siempre abrazada a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección".A lo largo de 28 páginas, Delgado sostuvo la calificación de "estrago culposo y administración fraudulenta" en perjuicio del Estado, que fijó la Cámara al confirmar el 11 de enero pasado parcialmente el fallo del juez Claudio Bonadío.El dictamen revela un dato hasta hoy poco difundido: en siete años, de 2003 a 2010, fluyeron fondos estatales hacia la concesionaria del tren siniestrado por casi 2 mil millones de pesos.El fiscal describió que "los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada. ¿Por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido, que miraban para otra parte". Los Cirigliano y el directorio de Trenes de Buenos Aires (TBA) "al apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio, dejaron a un lado el contrato, se olvidaron del servicio, no invirtieron. La situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento", dijo el fiscal.

Sobre los exfuncionarios

Ricardo Jaime

“Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parezcan cumplidos y así permitir los desembolsos”.

Juan Pablo schiavi

“La circulación del tren estuvo siempre abrazada a los vientos de la fortuna, que el 22 de febrero cambiaron de dirección”. “Se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento”.