El Senado sancionó leyes que castigan delitos que se cometan con fines terroristas

Buenos Aires. El Senado nacional aprobó ayer leyes reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que incorporan al Código Penal como delitos las acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero y que castigan "las actividades delictivas con finalidad terrorista". El kirchnerista Pedro Guastavino defendió las iniciativas. Indicó que la primera de las normas –aprobada pro 47 votos contra 15– busca "dar mayor transparencia a la actividad bursátil" y punir "el manejo de información privilegiada, que no es pública" para realizar maniobras desestabilizadoras.Precisó que entre los delitos que se castigarán está "alterar cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía", así como "la intermediación irregular" como las mesas de dinero o las 'cuevas' que operan al margen de la ley. Puntualizó que la norma establece como "agravantes" que quieren incurran en ese tipo de maniobras sean "quienes tienen mayor responsabilidad en las diferentes empresas o sean funcionarios públicos".El texto sobre la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero; la manipulación de valores negociables, y la captación de ahorros. En tanto, la ley sobre antiterrorismo –sancionada por 39 votos contra 22– duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código PenalPero además, y aquí se encuentra una de las bases de los cuestionamientos al proyecto, sostiene que serán considerados como delitos de terrorismo las actos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".El radical Ernesto Sanz indicó que las reformas "no van a resolver las desviaciones del sistema financiero" y que el proyecto de antiterrorismo, "como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la Justicia".En tanto, el socialista Rubén Giustiniani, quien apuntó que es "paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia".En tal sentido, opinó que esa propuesta implica un "riesgo de que se criminalice la protesta social" y que habilite una "persecución penal contra personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos".