Renunció el abogado de Madres y será indagado por la Justicia

Buenos Aires. Pasó casi un mes de las elecciones nacionales, y, tal como preveía Sergio Schoklender, la causa judicial que lo envuelve a él y otras decena de personas por manejos irregulares de los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo empezó a acelerarse. Ayer, el abogado de la entidad, Sergio Gandolfo, renunció a su cargo, ante la certeza de que próximamente será llamado por la Justicia para prestar declaración indagatoria. Según trascendió en fuentes de tribunales, el fiscal federal Jorge Di Lello ya confeccionó una lista con los nombres de varios imputados en la causa para que sean llamados a declarar. Sergio y Pablo Schoklender, el empresario Alejandro Gotkin y el financista Fernando Caparrós Gómez, además de Gandolfo, integrarían el primer llamado a indagatoria de la causa.Ex socio de Sergio Schoklender en un estudio de abogados, y también representante legal de Pablo, Gandolfo tenía además nexos con el mayor de los hermanos a través de Stylo Car, una de las empresas que componen un confuso entramado de sociedades sospechadas por irregularidades.Sergio Schoklender está imputado por lavado de dinero y defraudación, a raíz del manejo de fondos públicos que Madres de Plaza de Mayo recibía para su programa de viviendas sociales, Sueños Compartidos. Giro millonario. Según una audiencia llevada a cabo por una comisión de diputados de la Nación, funcionarios gubernamentales reconocieron que el Gobierno giró 1.200 millones de pesos para el programa Sueños Compartidos. Schoklender dijo, en su defensa, que gran parte de ese dinero era administrada por los gobiernos locales, en cuyos territorios se desarrolla el programa de viviendas en cuestión. La constructora Meldorek, propiedad de Sergio Schoklender, participó de Sueños Compartidos, y se investiga si parte de los materiales adquiridos por el programa se desviaba hacia emprendimientos privados. También denunció –aunque sin mayores pruebas– que parte de los fondos públicos fue usada para campañas políticas, entre ellas, la precandidatura del ministro Amado Boudou a jefe de Gobierno porteño. El juez federal de la ciudad de Buenos Aires Norberto Oyarbide aún debe resolver un pedido de inhibición para continuar con la causa. De apartarse el magistrado Oyarbide, la investigación quedaría concentrada en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien también lleva adelante una investigación vinculada a la posible defraudación de los dineros recibidos por el programa instrumentado por Madres de Plaza de Mayo.