Los trabajadores contratados de la Provincia serían más de 5.500

La semana pasada dejó la certeza de que en breve habrá un mano a mano entre el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, y el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, para encarar la negociación que desembocará en la efectivización de varios miles de empleados contratados que tiene la Provincia. El gremio formalizó ya un pedido en tal sentido para regularizar la situación laboral de esos agentes y el propio gobernador Juan Schiaretti admitió que habrá pases a planta permanente, aunque sin precisar por ahora modalidades, ni cantidad de trabajadores involucrados. Sólo Pihen hizo una estimación, al aludir a un universo de "unos tres mil o cuatro mil " agentes.Sin embargo, la Coordinadora de Estatales  por Concursos Transparentes, conformada básicamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sipos y algunos delegados opositores del SEP, maneja información puntual sobre la existencia de al menos 5.453 contratados en la administración central de la provincia. "Y la lista no es definitiva. Pueden haber más", advierten.Esas planillas tienen el desagregado por áreas, donde claramente sobresalen como las más "pobladas" por contratados los ministerios de Salud (1.412), Desarrollo Social (538) y Gobierno (340), además de las secretarías General (648) y de Cultura (412) y el Servicio Penitenciario (325).Ante una consulta de este diario, desde la Provincia indicaron que todavía no hubo ningún tipo de avance con el Sep. respecto a cómo se abordarán las efectivizaciones. Tampoco hay datos oficiales sobre la cantidad de agentes en situación de contratados, pese a que la mayoría de ellos ingresó a la administración durante la gestión de Schiaretti.El gobernador consideró días atrás que "está bien" que el Sep. pida el pase a planta permanente de los contratados y sólo anticipó que se analizará "caso por caso".Todas las miradas están puestas en la decisión que el Gobierno tome al respecto, en función de la polémica que desataron los recientes concursos que instrumentó para nombrar a 747 jerárquicos, y que recibieron una catarata de reclamos administrativos y judiciales por parte de algunos gremios y también de la oposición política.La ley 9.361, que fija desde 2007 el nuevo escalafón del empleado público, estipula que todos los ingresos a la administración deben realizarse por concurso público. La cuestión a dirimir es si quienes ya ocupan cargos correrán con ventaja –y de qué magnitud– respecto a los postulantes externos.El dirigente Marcos González, de ATE, planteó que los concursos deben ser realizados por el próximo gobierno, considerando que Schiaretti no puede repetir mandato. "Hace 15 años que no se respeta la carrera administrativa, y ahora el gobernador, a un año de dejar el cargo, quiere concursar. Lo más razonable sería que esa tarea quede para su sucesor", indicó.