El Gobierno renovó la presión para designar jueces adictos, ahora sobre la Corte Suprema

Buenos Aires. El Gobierno nacional involucró ayer a la Corte Suprema en el conflicto desatado en el Consejo de la Magistratura por la designación de un juez que debe resolver sobre la ley de medios, mientras desde la oposición se denunció la existencia de un "apriete" del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

La nueva embestida del Gobierno, en manos del ministro de Justicia, Julio Alak, se generó en el medio de las reuniones que las propias autoridades de la Corte Suprema de Justicia habían motorizado con los tres jueces que integran el órgano encargado de elegir y destituir magistrados.

Si bien en un primer momento se había especulado con una reunión conjunta entre esos consejeros y las autoridades de la Corte, los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco recibieron primero al camarista Ricardo Recondo, acusado de demorar el nombramiento de magistrados por Alak, y luego a los dos jueces más cercanos al oficialismo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes.

Mientras oficialmente sólo se indicó que las autoridades de la Corte habían sido “informadas” por los consejeros de la situación, trascendió la “preocupación” del Tribunal por la “falta de resolución” en la designación de los jueces entre ellos el que debe resolver la ley de medios y el pedido de los magistrados para que “se llegue a una solución”.

Bloqueo. En tanto, el ministro Alak involucró al máximo organismo de Justicia y a la Procuración General de la Nación ante lo que consideró un "bloqueo injustificable" en la designación de jueces en la Cámara Nacional Civil y Comercial de la Capital Federal. En ese sentido, aseguró que le pedirá a la Procuración General de la Nación, a manos de Alejandra Gil Carbó, que se investigue si alguno de los consejeros pudo haber incurrido en delitos por este "injustificado bloqueo" al concurso 258, que designaba a un juez para resolver sobre la inconstitucionalidad del articulo 161 de la ley de medios. Pero fueron los propios consejeros considerados opositores los que salieron a rechazar las afirmaciones de Alak y denunciaron que se estaba tratando de "apretar" al Poder Judicial para que el Gobierno "pueda poner a dedo" un magistrado en la causa por la ley de medios.