Un fiscal pide investigar contrato con las Madres

Buenos Aires. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió ayer investigar los contratos para la construcción de viviendas sociales que funcionarios de gobiernos provinciales y municipales firmaron con el programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Fuentes judiciales informaron que Osorio presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el que solicitó investigar "a quienes hubieran firmado los contratos", tanto funcionarios públicos de esos estados como directivos de Madres de Plaza de Mayo.La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, por la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas.Sin embargo, el requerimiento que presentó Osorio no apunta contra esas personas, ya que el Estado nacional asignó los fondos a las provincias y municipios para que éstas hicieran la contratación de las obras, explicaron las fuentes.Los voceros señalaron que la eventual responsabilidad de los funcionarios nacionales podría aparecer en una segunda etapa, pero sobre la "vigilancia y control" del uso del dinero.Osorio le solicitó a Martínez de Giorgi una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación, las que el juez deberá analizar para su producción.Esta causa es independiente de la que tramita el juez federal Norberto Oyarbide contra el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, por presunto lavado de dinero y fraude en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que habría utilizado para su beneficio a través de una veintena de empresas.Schoklender volvió a presentarse ayer en los Tribunales para negar que sean suyas las armas encontradas ayer en la empresa Meldorek, en tanto diputados de la Coalición Cívica ampliaron la denuncia contra el ex apoderado por su incremento patrimonial y advirtieron sobre la "complicidad" de diferentes sectores del "poder político y económico".Schoklender dijo que la escopeta calibre 16, la carabina calibre 22 y un cañón de pistola 9 milímetros encontrados ayer por la Policía Federal durante un allanamiento son propiedad del titular del inmueble que Meldorek alquila como oficinas y reconoció que no tiene autorización para portar armas.