"Falta voluntad política para luchar contra la corrupción"

Como fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido avanzaba en causas que afectaban al poder político. Entre otros casos resonantes, se opuso al cierre de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio formado por Cristina y Néstor Kirchner, cuando ella ya era Presidenta. Desde la superioridad le recortaron facultades a la fiscalía a su cargo y en marzo de 2009 Garrido renunció a su carrera judicial. Ahora encabeza el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una organización no gubernamental con sede en Buenos Aires. –¿Se mantiene la situación de impunidad del poder en la Argentina? –Ese es un dato de la realidad que va a ser muy difícil revertir. Me refiero a la impunidad frente a hechos de corrupción. Eso está como hace dos años y no hay perspectivas de que se modifique. Hay cuestiones básicas pendientes, como la reforma del Código Procesal Penal Federal, que están abandonadas. –¿Cuánta libertad tiene un fiscal federal para investigar? –Tiene libertad en la medida en que no tenga que requerir información en manos de otros poderes. La fiscalía a mi cargo estaba especializada en casos de corrupción y con una interpretación de la ley del Ministerio Público se limitaron sus competencias. En la práctica las falencias de las investigaciones no dependen tanto de la falta de libertad para investigar sino de una autolimitación de los propios magistrados por factores diversos. –¿Usted se sintió limitado para investigar en temas que afectan al poder político? –Sí, claramente. En mi caso, el recorte a las facultades de la fiscalía a mi cargo fue una respuesta a las investigaciones y a las causas que la fiscalía mantuvo abiertas, como el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue creada para investigar ese tipo de casos (presunta corrupción) que afectan al poder político de turno. –¿Todos los gobiernos han actuado de modo similar al respecto? –No ha habido modificaciones sustanciales. Cuando la investigación afecta al poder de turno, por lo general hay estas reacciones y no sólo en la Argentina sino en todo el mundo. La diferencia entre unos países y otros hay que buscarla en las políticas que se han implementado para luchar contra la corrupción. Y también en este tema, lo que hicieron nuestros gobiernos deja realmente mucho que desear. –Hubo un momento en que pareció que algo podía cambiar por la presión de la sociedad... –A fin de la década del '90 el tema de la corrupción estaba claramente en la agenda pública. Pero luego el tema salió de la agenda. Salvo en el primer año del Gobierno de Kirchner, en los últimos 10 años no hubo ningún avance sustancial. –Vecinos como Uruguay, Chile y Brasil parecen funcionar mejor en este aspecto que la Argentina. –Ellos avanzaron en los últimos años mucho más que la Argentina, que quedó rezagada en el contexto regional. Es una cuestión de voluntad política. No es un tema cultural, no es que los argentinos sean más corruptos que sus vecinos. Es una cuestión de decisión de implementar políticas públicas cuyos efectos se ven en el mediano o largo plazo. En los índices de percepción de la corrupción la Argentina está mucho peor que Chile, Uruguay y también que Brasil. Está muy mal considerada en el contexto internacional. –Entonces no sólo hay inacción contra la corrupción, sino también acciones concretas para protegerla. –Frente a investigaciones comprometedoras para el poder político, la respuesta es recortar facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, aletargar a la Oficina Anticorrupción. Eso puede favorecer al gobierno de turno pero no al país ni a la gobernabilidad. Si a Ricardo Jaime lo hubieran echado (de la secretaría de Transportes de la Nación) cuando yo lo denuncié, las tropelías que hizo nunca hubieran sido posibles. –¿Por dónde habría que comenzar a buscar una solución? –Sería bueno que hubiera un acuerdo de todos los candidatos para las elecciones que vienen, que acuerden una agenda para llevar adelante estas políticas. Es necesario reformar en forma urgente el Código Procesal Penal Federal; es necesario realizar un acuerdo con las provincias para que también acuerden y lleven adelante políticas contra la corrupción; y se debe exigir responsabilidades a jueces y fiscales, porque de la forma en que ese trabaja, las causas prescriben y nadie se hace responsable nunca.