La economía política del fierrazo

La discusión entre el Gobierno nacional y Techint por la participación accionaria de la Anses en la siderúrgica Siderar abre innumerables preguntas. ¿Es negocio? Juan Schiaretti consideró inadecuado invertir fondos previsionales en acciones. Sin embargo, las cifras muestran otra cosa. Siderar terminó el trámite para cotizar en Bolsa el 17 de octubre de 1995. Pero no hubo operaciones fluidas de inmediato. Si se toman las operaciones de todo el mes de abril de 1996 –que es la época en que las AFJP comenzaban a comprar acciones que luego el Estado les tomó a los aportantes previsionales–, el papel de la siderúrgica costaba en promedio 2,42 pesos. En la apertura del mercado de ayer, la acción de Siderar se transó a 31 pesos. O sea: en 15 años, ese valor aumentó casi 1.200 por ciento. Muchísimo más que la inflación, que en los últimos 15 años rondó el 254 por ciento (sin contar los datos dibujados por el Indec en los últimos tres años). Pero, además, durante varios de estos años Siderar repartió dividendos, en una cantidad que desconocemos. ¿Bajo qué condiciones? Otra cuestión es si esas inversiones deberían llegar a porcentajes importantes del capital de las empresas. En el sistema de AFJP, se consideraba a esos inversores como financieros. Por eso, no sólo había un techo de compra de acciones sino también un límite en el ejercicio de derechos políticos a partir de esas tenencias (el famoso tope del cinco por ciento). Y esto era razonable: la función de las AFJP no era administrar industrias, sino conseguir el mejor rendimiento en inversiones para los futuros jubilados. Si se ponen pocos huevos en muchas y diversas canastas, se facilita obtener una rentabilidad que sea la del promedio de la economía. Además, con pocas acciones en cada empresa se pueden vender esos papeles en cualquier momento, sin mandar al tacho a la firma. Es la movilidad característica de los inversores financieros. Cuando el Gobierno estatizó el ahorro previsional de los trabajadores, se encontró con todos los "puchitos" que cada AFJP tenía de las distintas empresas. Ahora tiene porciones grandes de capital en varias firmas. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, posibles conflictos de intereses. Un caso: Techint siempre ha pedido protección contra la importación de laminados. Si pidiera más protección ahora, ¿la Secretaría de Industria no se la daría porque está peleada con la empresa? ¿O se la daría porque le conviene ayudar a su propia empresa estatal? En este caso, ¿qué explicación les daría a las autopartistas, que tendrían que pagar más cara la chapa? ¿El negocio sigue? Mal que les pese a muchos, el capital que hoy acumula la Anses en acciones bursátiles se ahorró durante los "malditos '90". Hoy, esa inversión previsional se frenó. Es más: desde la estatización de las AFJP, los aportes jubilatorios fueron transformados de hecho en un impuesto con el que se financia el gasto de la propia Anses y el de la administración pública en general. Es cierto que cada vez que el Poder Ejecutivo toma plata prestada de la Anses le da un pagaré, pero la tasa de interés es inferior a la inflación real, con lo que el ahorro se licúa. Básicamente, el sistema previsional dejó de ahorrar, entre otras cosas porque empezó a pagar jubilaciones a tres millones de personas que nunca aportaron y creó la asignación universal por hijo. ¿Y cuál es el problema? Con todos los "puchitos" de acciones de empresas ahora sumados en las manos del Estado, el Gobierno puede influir mucho en las empresas. Las razones posibles por las que decidió ejercer esa influencia pueden ser muchas. Y son combinables: Poder. En una de esas, pelearse con Techint –propietaria de Siderar y el mayor grupo industrial del país– es un modo de disciplinar al resto del empresariado. "Si a Techint le dan con un fierro, ¿qué puedo hacer yo, que soy un empresario Pyme?", deben estar pensando muchos. El kirchnerismo ha dado muestras de que prefiere mandar, antes que gobernar. Con toda sorna, Cristina Fernández le recomendó a Techint fundar un partido político si quiere "imponer condiciones". Es curioso, porque fue una respuesta al intento de Techint de que el tema se discuta en el Congreso, algo por ahora legítimo para cualquier persona física o jurídica de este país. Claro que no resulta fácil, porque la propia Presidenta, que remarca la necesidad de subordinar todas las esferas a la política, gobierna a fuerza de decretos de necesidad y urgencia, salteando al Congreso, supuestamente depositario de la mayor representación política de la sociedad.No es la primera vez que en Argentina se confunde al conjunto de la sociedad con el Estado, al Estado con el Poder Ejecutivo y al Poder Ejecutivo con una persona. Dinero. Otra posibilidad es sencillamente que el Poder Ejecutivo necesite abrir nuevas canillas por donde recibir dinero. En marzo no terminó en déficit porque el Banco Central giró 2.143 millones de pesos en ganancias. La administración nacional fue fijando impuestos crecientes y extraordinarios (el 35 por ciento del valor bruto de la principal producción del campo, por ejemplo); hace rato dejó de pagar sus propias deudas (se las cancela el BCRA con dólares de las reservas) y se acostumbró a tomar plata prestada a tasas negativas de la mayor caja pública (la Anses). Entre otras cosas. A la hora de aumentar su poder, al kirchnerismo no hay quien le gane. Pero sale muy caro. Para congraciarse con todos sus aliados, subsidiados y empleados, necesita conceder beneficios mayores a cada vez más actores. A varios de esos beneficios se los hace pagar a terceros, pero a muchos hay que financiarlos con recursos públicos.En ese marco, el Gobierno bien podría hoy exigir que las empresas en las que Anses forma parte liquiden más ganancias de las que preveían, para aumentar el flujo de plata que ingresa a la Anses. De hecho, eso es lo que reclamó Cristina Fernández. Aunque sea contradictorio con la proclama oficial de promover la inversión (que es lo que, en general, hacen las empresas cuando ganan plata y no liquidan dividendos).