Diputados: por falta de quórum, fracasó el debate por la trata de personas
La oposición quedó a tres legisladores de garantizar el inicio de la sesión y el kircherismo se ausentó de sus bancas.
La Cámara de Diputados fracasó hoy, por falta de quórum, en su intento de debatir un proyecto que modifica la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
La iniciativa, que tiene un dictamen de mayoría y dos de minoría, no fue analizada debido a que la oposición quedó a tres legisladores de garantizar el inicio de la sesión y el kircherismo se ausentó de sus bancas.
El proyecto de ley había sido incluido en el plan de labor de la Cámara de Diputados, junto a otros vinculados a la seguridad de los clientes de bancos y a modificar del régimen laboral del servicio doméstico.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara impulsó el 27 de agosto pasado tres dictámenes del proyecto que busca modificar la normativa vigente, pero nunca reglamentada, acerca de la trata de personas.
El proyecto cuenta con tres dictámenes -uno de mayoría y dos de minoría- que, según algunos legisladores y varias organizaciones sociales, presenta falencias legales.
El texto, sin embargo, elimina la figura del consentimiento fijado en la actual legislación para las víctimas mayores de 18 años de edad.
Además, aumenta de seis a diez años la pena de prisión máxima para el traficante, aunque si la persona sometida es un niño, niña o adolescente la sanción aumentará hasta 15 años de cárcel.
Identidad. La iniciativa también condena la sustracción, retención o destrucción de una acreditación de identidad, y contempla como un agravante que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad social, que padezca trastornos mentales, discapacidad o esté embarazada.
La ley 26.364 fue sancionada en 2008 pero nunca reglamentada.
Como parte del debate en comisiones, la diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Rodríguez presentó un proyecto de modificación del Código Penal para "prevenir y reprimir la explotación sexual y la trata de personas", que incorpora la figura de quien "compra una persona para su uso sexual".
La diputada también solicitó castigos de prisión a quien "establezca, sostenga, administre o regentee, ostensible o encubiertamente, casas, whiskerías, pubs, privados, cabarets, locales o cualquier otro sitio donde se realice, se promueva o se facilite la prostitución ajena".
