Cruce con UTA por la fijación de transporte como servicio esencial
Mestre pretende que, aun habiendo paro, se asegure el 50% del servicio en líneas troncales. Para los choferes, el planteo es "inconstitucional" y cercena el derecho de huelga.
La pretensión del intendente Ramón Mestre de fijar en el marco regulatorio del transporte urbano un límite legal a los paros que dejan reiteradamente a los usuarios sin servicio habilitó una puja con UTA, incluso antes de que el proyecto se debata en el Concejo Deliberante. En lo que constituye sin dudas el punto más polémico del proyecto que será girado hoy al cuerpo legislativo, el Ejecutivo avanza en definir los servicios de transporte urbano como "esenciales", por lo cual se debe asegurar su prestación "continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de concesionarios y empleados del sistema". En ese sentido, sin perjuicio de posterior reglamentación, da referencias concretas: que los servicios troncales no podrán ser alcanzados por medidas de fuerza, ni reducir su frecuencia por debajo del 50 por ciento.La letra del marco regulatorio también contempla de manera específica que las empresas deben anticipar el municipio diagramas de servicios esenciales, donde se consigne cómo y quiénes cubrirán esa responsabilidad.Desde la UTA, el secretario general Alfredo Peñaloza se apuró a rechazar ese articulado, al considerar "inconstitucional" la pretensión del Ejecutivo de limitar el derecho de huelga. "No puedo tener 300 choferes trabajando y otros tres mil protestando", señaló el dirigente, al anticipar su opinión de que esa mecánica es imposible de poner en marcha."Esto no es un hospital, no es un servicio esencial. Tenemos el derecho a huelga de cualquier trabajador", sostuvo Peñaloza. Agregó además que todavía no conocen en detalle el proyecto oficial y no anticipó si decidirán en lo inmediato alguna protesta para resistir su aprobación legislativa.Desde el Ejecutivo, en cambio, remarcan que la preservación de servicios especiales – entre ellos el transporte público – está contemplada incluso en la OIT (Organización Internacional del Trabajo).Mestre considera que la ordenanza aprobada durante la gestión de Luis Juez, que preveía la implementación de esquemas de transporte alternativo frente a paros de choferes o lock out empresario, resultó impracticable. De hecho, nunca llegó a ponerse en marcha, pese a que si algo abundó en los últimos años en la ciudad, fueron los paros en el transporte.La pretensión del Ejecutivo es que la declaración del transporte como servicio esencial genere una herramienta jurídica para avanzar en controles concretos y que las responsabilidades por la no prestación no queden diluidas. Ese sería el primer paso para después poder hacer los reclamos pertinentes, en caso de incumplimientos, ante la Justicia.
