La Corte ya puede dictaminar sobre la ley de medios

Buenos Aires. La Procuración General de la Nación sostuvo ayer que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es "constitucional" y que frenarla implica "poner en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales", en un dictamen que deja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en condiciones de resolver una postura final sobre la cuestión. La Corte debe resolver sobre un fallo de Cámara que declaró inconstitucionales algunos artículos de la norma, conocida como ley de medios.Si bien se descontaba la posición a favor de la ley de medios de la procuradora Alejandra Gils Carbó –simpatizante del Gobierno e impulsora de la agrupación Justicia Legítima–, el dictamen incluyó una serie de consideraciones sobre la ­concentración empresarial del Grupo Clarín, al que consideró un "oligopolio vertical" y ­"mediático".Al respecto, una fuente del Grupo Clarín señaló que se trató de un "dictamen eminentemente político, un alegato oficialista de defensa a ultranza de la ley, que además descalifica la sentencia de segunda instancia con una virulencia que llama la atención".En un repaso de los balances de Clarín de los últimos 40 años, la jefa de los fiscales remarcó que aunque la ley 26.522 no regula a la prensa escrita, "el accionante es titular de uno de los diarios que históricamente ha tenido mayor inserción en el mercado" y que adquirió "el paquete mayoritario de Papel Prensa" durante "la última dictadura cívico-militar".Para Clarín, "lejos de sustentarse en los elementos jurídicos y fácticos del caso, la procuradora hace un alegato histórico sesgado, que sigue acríticamente las falacias del relato kirchnerista y se refiere a Papel Prensa, que nada tiene que ver con la ley de medios". Sobre la feria. El pronunciamiento de Gils Carbó se concretó justo al filo del comienzo de la feria judicial de invierno, que durará dos ­semanas. Recién a partir de la última semana de julio, la Corte Su­prema tendrá en sus manos la causa, que ya conocen por resoluciones anteriores y que había intentado trepar a esa instancia a través de un fracasado per saltum .Ayer, por lo pronto, Gils ­Carbó firmó el dictamen de 64 páginas donde impugnó los argumentos del Grupo Clarín para cuestionar la constitucionalidad de la ley 26.522, cuyo objetivo –dijo la funcionaria– "fue introducir una reforma estructural del sistema regulatorio de los medios de comunicación audiovisual a fin de adecuarlo a la realidad del paradigma actual".A su criterio, el escenario actual es "un mercado de medios de comunicación concentrado que pone en riesgo la vigencia universal del derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social".En este punto, la fuente del Grupo Clarín sostuvo que "la procuradora se desentiende del concepto de sustentabilidad económica de los medios, que es imprescindible para que estos puedan ejercer su función sin depender de los recursos del Estado y omite considerar los efectos que la actual política de comunicación tuvo sobre el mercado argentino".Sobre este punto, añadió que la prueba está en que "la inmensa mayoría de los medios audiovisuales terminaron colonizados por el Gobierno". Cuestionamientos. La jefa de los fiscales se quejó porque el Grupo Clarín impugnó los artículos de la ley 161, 45, 41 y 48, "sobre el presupuesto de que afectan su derecho de propiedad y de libertad de expresión" y cuestionó el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial que había hecho lugar a algunos de sus planteos a la hora de limitar la cantidad de licencias. Para la funcionaria, la sentencia de Cámara fue "arbitraria" porque, "arrogándose facultades ajenas", los jueces "incumplieron su misión de dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador, al juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones que adoptó".Sin embargo, el vocero de Clarín opinó que muchos especialistas, "aun los cercanos al Gobierno, le reconocieron a ese fallo solvencia técnica y una amplia fundamentación basada en antecedentes internacionales".Gils Carbó se quejó porque se le "asigna a la libertad de expresión un contenido decimonónico que se limita a prohibir la intervención del Estado en la esfera privada del individuo y relega la contracara de ese derecho que demanda una protección activa del Estado".