Corte: Cristina pide a la Justicia que actúe

Buenos Aires. Los presidentes de Argentina y de Uruguay alcanzaron ayer un mínimo primer acuerdo para instrumentar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), que a la larga contribuiría, según el íntimo criterio de ambos, a disuadir a los ambientalistas de Gualeguaychú de continuar con el prolongado corte del puente internacional con Fray Bentos.

El compromiso logrado entre Cristina Fernández y José Mujica consiste en definir en dos meses los criterios del monitoreo conjunto sobre la pastera, como lo determinó el fallo de La Haya de abril pasado, pero también sobre "todo el río Uruguay", dijo el uruguayo.

Hace dos semanas, la Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay), organismo a cargo de velar por el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay (1975), no llegó a un consenso sobre el monitoreo: Argentina pretende que sea dentro de la propia planta, pero Uruguay sostiene que eso excede el mandato de La Haya.

Después de reafirmar que acatará el fallo de La Haya, la Presidenta rechazó el corte del puente, pero dijo que "la represión no es la solución". Usó un argumento que revela lo pendiente que está el Gobierno de la opinión pública: "Hay una limitación institucional y política de un Gobierno para adoptar otras medidas, que son las que reclaman otros sectores para luego, ante la mínima lesión de cualquiera, salir (en los diarios) con el título de represión y agravar el problema".

Mujica se manifestó comprensivo: "El corte no lo va a resolver Uruguay, lo debe resolver el pueblo argentino, y nosotros, ayudar a que el proceso madure con garantías suficientes para que se pueda dar. No sé cuándo va a ser, pero lo vamos a lograr. Lo imposible cuesta un poco más".

Fernández tomó distancia, sin embargo, del corte en Gualeguaychú, que en su momento fue alentado por Néstor Kirchner.

Pero se quitó responsabilidad y le pidió a la Justicia que intervenga: "En Argentina no hay ningún condenado por cortes, desde los más violentos hasta los más inofensivos, esto es a mi criterio, una deficiencia del sistema que no me sería imputable", sostuvo. Así, Fernández de Kirchner adjudicó la permanencia del corte a la inacción de la Justicia.

Íntimamente, ambos gobiernos creen que un acuerdo sobre el monitoreo ayudaría a disuadir el corte que ya lleva más de tres años y medio. Una estrategia que Fernández y Mujica suscribieron en la reunión realizada en la estancia presidencial uruguaya de Anchorena, cerca de Colonia.