Con críticas a la oposición, el Gobierno formalizó el veto al 82%

El Gobierno oficializó hoy el veto a la ley que elevaba las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, al tiempo que acusó a la oposición de pretender "sacar algún mezquino rédito político" e intentar "arruinar una gestión para, tras su fracaso, ofrecerse de recambio" ( ver El 82 por ciento duró menos de un día). El texto del decreto, publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial con el número 1482, insistió en que la puesta en práctica de la normativa "implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino, sino del propio Estado".La medida devuelve "al Honorable Congreso de la Nación" la iniciativa sancionada en la madrugada del jueves con el voto del vicepresidente Julio Cobos, que fue objetado por la presidenta Cristina Fernández.Considerandos. El decreto -que lleva la firma de la presidenta, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada- sostiene que "salir del debate oportunista, mezquino e irracional, es necesario. Aquel que en definitiva apuesta a arruinar una gestión para, tras su fracaso, ofrecerse de recambio, no puede brindar solución alguna"."En las condiciones en que el proyecto se ha sancionado, su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado, en cuanto con sus mismas actuales fuentes de financiamiento busca exigirle mayores prestaciones que llevarían sin más a prontos futuros incumplimientos, frustrando el cumplimiento de las finalidades propias de la previsión social, constituyendo una estafa a los jubilados", se agregó.Según el decreto, la iniciativa aprobada por el Congreso "al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate"."Cada vez que (los dirigentes de la oposición) han tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes hoy quieren mostrarse como adalides del 82 por ciento móvil siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad del sistema y los derechos de los jubilados en contra de estos últimos", se indicó.También se advierte que "desde la oposición buscan impedir que continúe la mejora constante, la recuperación de derechos, la reparación de los daños sufridos, en un marco de racionalidad, sustentabilidad y gradualidad que implica la mejora de todos, especialmente de los que menos tienen en la medida que el crecimiento del país lo hace posible y sobre todo, sustentable"."Este Gobierno estima que una decisión de la envergadura como la que se pretende imponer, con tal incidencia económica y financiera, sólo debería tomarse adoptando todos los recaudos necesarios para que no se convierta a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y por supuesto para toda la sociedad y no proponerlo en forma demagógica y nefasta intentando engañar a todos los argentinos", se añadió.Se subrayó que "hubo 18 aumentos otorgados desde el 2003, luego de una década de jubilaciones congeladas" y se advirtió que promulgar la ley "terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal"."Es notorio -se remarcó- que nuestro país se merece otra cosa. Salir del debate oportunista, mezquino e irracional, es necesario. Aquel que en definitiva apuesta a arruinar una gestión para, tras su fracaso, ofrecerse de recambio, no puede brindar solución alguna. Considerar los mejores modos de continuar la tarea de reparación y recuperación de lo público, el restablecimiento de derechos, sería un mejor camino".