Busca "domesticar" a la Justicia, evalúan cerca de la Corte

Buenos Aires. Ninguno de los jueces de la Corte lo dirá con todas las letras, pero la impresión extendida en el conjunto del Poder Judicial es que los proyectos que anunció la Presidenta para "democratizar" la Justicia encubren el objetivo real de "domesticarla". Una síntesis de esa opinión la dio anoche a este diario una fuente que recorre a diario el cuarto piso del Palacio de los Tribunales. "Nadie puede estar en contra de la democratización de la Justicia, pero como es práctica de este Gobierno, detrás de un objetivo compartido hay siempre un interés subalterno; en este caso, domesticar al Poder Judicial", resumió.

La principal objeción pasa por los cambios anunciados para el Consejo de la Magistratura. Sobre todo en el método de elección por voto popular, que supone la partidización del órgano que rige al Poder Judicial: la foto de la voluntad de los ciudadanos en una elección se replicará seguramente en la conformación del Consejo. Un voto popular al que no tendrán que someterse los representantes del Congreso ni del Ejecutivo.

Al respecto, por la negativa, la Presidenta actuó con cola de paja, cuando dijo que “no se trata de una politización ni partidización”, después de apelar, para atraer voluntades, a una definición de Raúl Alfonsín acerca de que los partidos políticas son “el único instrumento para el ejercicio” de la democracia.

También en lo que hace al cambio de la mayoría en las votaciones del Consejo para destituir o aprobar jueces. Hoy sus decisiones requieren el voto de dos tercios de sus miembros, un umbral que el Gobierno no tiene, pero que sí logrará si es con mayoría simple, como prevé la reforma. De aprobarse, el Gobierno puede respetar a los integrantes actuales y sin ampliar el número (de 13 a 19), contar con la mayoría necesaria. Y en 2014, cuando caducarán los mandatos de los consejeros actuales, conseguirla con el voto popular.

Las reservas en el Judicial alcanzan a las demás reformas. Por caso, el concurso de antecedentes (“¿Por qué no incluye también a los funcionarios del Ejecutivo y a los titulares de empresas estatales descentralizadas?”, se preguntan). O el acceso a la información, cuando el Ejecutivo, recuerdan, tiene cajoneado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

La fuente apeló a una figura futbolística de Enrique Macaya Márquez para sintetizar. El relator elogiaba el pressing de un delantero sobre el defensor contrario, pero el resto de sus compañeros no lo hacían sobre el resto de los adversarios. "Si se va a hacer pressing sobre la Justicia, que se haga también sobre los otros poderes, incluido el Ejecutivo", remató.