Brito niega haber puesto $ 310 mil en la campaña K
El farmacéutico dijo que le prestó esa plata a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.
Buenos Aires. El mayorista farmacéutico Gabriel Brito negó haber realizado un aporte de 310 mil pesos para la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández de Kirchner y rechazó la acusación en su contra acerca de una presunta extorsión a los dueños de una cooperativa para no denunciarlos a la Justicia.
Brito fue llevado ayer a los Tribunales Federales para declarar ante el juez Norberto Oyarbide por el caso de la "mafia de los medicamentos".
La extensa exposición del imputado -que continuaba declarando anoche- se dividió en dos partes: primero fue interrogado por el cargo de extorsión y luego por la acusación de haber integrado una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos falsos o adulterados.
Brito, titular de "Global Farmacy Service S.A.", sostuvo que los cuatro cheques por 310 mil pesos -dos de 77 mil pesos y los restantes de 78 mil- que figuraban como aportados a la campaña presidencial se los había entregado en 2007 al dueño de la droguería "San Javier", Néstor Lorenzo, a pedido de él para solventar deudas que tenía.
Lorenzo está preso y procesado como presunto integrante de una asociación ilícita en el tema de los medicamentos.
Esos cheques luego formaron parte de los aportantes que el oficialista Frente para la Victoria declaró en la Justicia para justificar los gastos de la campaña.
El abogado de Brito, Alejandro Sánchez Kalbermatten, sostuvo que el empresario "se enteró" de que su dinero había ido a parar a la campaña presidencial cuando, luego del triple crimen de General Rodríguez -cuyas víctimas fueron Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina- apareció en una lista de "aportantes".
"Soy el único preso político de este Gobierno", dijo Brito tras ser detenido anteayer y se declaró inocente.
En la indagatoria, Brito negó haber extorsionado a los directivos de la cooperativa "Vermet" para que le solucionen su situación respecto a la trascendencia pública de su aporte a la candidatura.
Escuchas y correos electrónicos en poder de la Justicia arrojaron la sospecha de que Brito habría amenazado a los cooperativistas con denunciarlos en los tribunales si no se aclaraba su situación.
