Bochornoso aval legislativo a concursos a medida del SEP

En la sesión más bochornosa –y no sólo por el calor– del período legislativo que finalizará en tres semanas, el oficialismo y sus aliados habituales, entre los que se cuentan los tres bloques kirchneristas, aprobaron una ley que permite la convocatoria a un nuevo concurso –esta vez cerrado– para cubrir cargos públicos del escalafón superior y que, según la oposición, tiene beneficios para un sector de los estatales, especialmente aquellos que fueron efectivizados durante el delasotismo. El debate y la aprobación se desarrollaron en un marco de virtual descontrol, a raíz de que, con la anuencia del oficialismo, los dirigentes y militantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se adueñaron del clima de la sesión, de los silencios y de la palabra. Actuando como una verdadera patota, los 52 militantes que ocuparon las gradas gritaron, insultaron y abuchearon a gusto y placer a la mayoría de los legisladores que se reconocieron en contra de la iniciativa.Las expresiones de rechazo al margen del reglamento parlamentario también salieron de la boca y de los gestos del secretario General del SEP, José Pihen, quien desde el palco de los invitados cuestionó a los gritos, como si fuera un legislador descontrolado, a quienes opinaban en contra de sus intereses.El pico de tensión se registró cuando pidió la palabra el radical Miguel Nicolás, quien, conocedor de los artilugios para sacar provecho político de una situación desfavorable, optó por un discurso que exaltó más a los que ya estaban exaltados. Aunque lo hizo con un dato objetivo: señaló que le parecía raro que hubiera tan pocos afiliados del SEP en comparación con los que hubo cuando se aprobó otra ley que había beneficiado a todo el gremio.El detalle mencionado por Nicolás para exaltar a la tribuna reveló el argumento central de la oposición para rechazar la iniciativa: que los detalles del concurso en cuestión no le aportan beneficios a todos los estatales sino a algunos de ellos.Los oficialistas Enrique Sella y Daniel Passerini rechazaron las críticas con el argumento de que el mecanismo aprobado se funda en el principio de igualdad de oportunidades. Con esa premisa, justificaron la suspensión de algunos requisitos exigidos por la normativa, para que todo agente que revista en planta permanente desde antes de marzo de 2007, independientemente de su categoría de revista, de participar de los concursos para acceder a los cargos de supervisor, jefe de sección, de división y de departamento.Los bloques de la UCR, del Frente Cívico, de la Coalición Cívica-ARI y del Frente Progresista, coincidieron en desacreditar las afirmaciones del oficialismo y en que la norma era injusta para un gran número de trabajadores, especialmente para los de carrera.Interrumpidos por los gritos e insultos de la tribuna y de Pihen, los opositores dieron a entender que el objetivo de la norma era similar al que el oficialismo consiguió con el concurso abierto: llenar la administración de militantes del PJ.