82%: para el Gobierno, la oposición es "irresponsable"

Buenos Aires. Buena parte del gabinete nacional se dedicó ayer a bombardear la propuesta de los bloques opositores más importantes del Congreso para subir en un 38 por ciento las jubilaciones y pensiones mínimas y darles una vía de ajuste automático atándolas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

En cambio, opositores como Elisa Carrió y el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales se dedicaron a enrostrarle al kirchnerismo que, si no quiere dar el aumento, es porque pretende seguir contando con las fortunas que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como una caja para financiar un gasto público desmesurado con el que el Gobierno financia políticas a las que usa con fines partidarios.

La propuesta legislativa ya tiene dictámenes favorables en comisiones de Diputados y del Senado. El proyecto está trabado en otras comisiones dominadas por el oficialismo. Pero después de un plazo legal, pueden tratarse en las cámaras aunque algunas comisiones no se expidan.

El ministro de Economía, Amado Boudou, lideró el equipo oficial que se dedicó ayer a tratar de "irresponsables" y "demagogos" a los legisladores opositores. También el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, integraron esa patrulla.

Boudou descartó de plano que existan posibilidades financieras de asumir ese costo (ver 30 mil ) y adelantó que el Gobierno "no va a permitir que se vuelva a jugar con los jubilados". Para muchos, eso significa que la presidenta Cristina Fernández podría vetar las iniciativas en caso de que prosperen.

Cuando se le preguntó sobre un eventual veto, Boudou no fue directo: "Apostamos a la racionalidad de los legisladores", respondió. El 13 de julio, Boudou irá al Congreso para tratar de convencerlos.

Boudou sostuvo que las propuestas planteadas por la oposición llevarían "nuevamente a la quiebra del sistema previsional, al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos".

El funcionario destacó que en la actualidad "sólo hay un país" que paga a sus jubilados el 82 por ciento de los haberes que cobran los trabajadores en actividad y ese es "Luxemburgo". Se olvidó de la provincia de Córdoba, que paga el 82 por ciento a la mayor parte de los jubilados del Estado provincial, sus empresas públicas y los municipios, con un fuerte déficit.

El ministro insistió en que la de los jubilados es una bandera exclusiva del Gobierno y que los opositores sólo buscan posicionarse. "Tiene que ver más con el interés por ganar la tapa de los diarios, algo que ni siquiera lograron, que con los jubilados", dijo.

"El sector de los jubilados es una parte fundamental en el proyecto del Gobierno de redistribución de los ingresos", afirmó Boudou, quien consideró que la mejora de sus haberes tiene que estar relacionada con "la responsabilidad y el cuidado de las variables macroeconómicas, para poder sostenerla en el tiempo".

También aseguró que el porcentaje del PBI destinado al sector pasivo fue "del 5,8 por ciento en la década del 1980; del 6,2 por ciento en la de 1990 y que actualmente es del 10,2 por ciento".

Por su parte, Bossio afirmó que "en la actualidad la jubilación mínima representa el 50,6 por ciento los haberes medios, lo que representa la tasa más alta de América latina".

Boudou, en tanto, expresó que "el 82 por ciento móvil -sancionado a través de la ley 14.499 en 1958- duró sólo cinco años y es el símbolo de otra época, cuando por cada jubilado había tres trabajadores en actividad", mientras que ahora "hay 1,5 trabajador activo por pasivo".

Además, destacó el aumento de la expectativa de vida de la población en la Argentina, que "pasó de 66 a 76 años" desde la sanción de la norma que establecía el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 por ciento para las pensiones.

Boudou embistió fuertemente contra la oposición -especialmente contra los diputados Patricia Bullrich, Felipe Solá, Francisco de Narváez y Claudio Lozano y el senador Gerardo Morales- al sostener que el ex presidente Raúl Alfonsín declaró la emergencia previsional.

También opinó que el gobierno de Carlos Menem "pagó mal, tarde y con bonos previsionales" las sentencias judiciales a favor de los jubilados.

Respecto del gobierno de Fernando de la Rúa, al que calificó como de "falta de capacidad y de contracción al trabajo", dijo que hizo que "todo terminara explotando".