Libertad de prensa, materia no aprobada en América latina

Bogotá. Aunque en menor medida que Venezuela, Cuba, Bolivia o Ecuador, el Gobierno argentino obstaculiza o presiona al periodismo. Esta afirmación partió de varios de los participantes en la primera conferencia de la sección iberoamericana de la Asociación Mundial de Editores de Diarios (Wan-Ifra), que finalizó el viernes en la ciudad de Bogotá, Colombia.Entre quienes citaron el caso argentino estuvo el presidente de la Wan-Ifra, el alemán Christoph Riess, quien señaló que si bien en nuestro país no se registra una censura abierta, existe "una influencia indirecta por parte de la política en el periodismo".También el presidente y coordinador del encuentro, Gerardo Araújo, presidente de Andiarios y gerente de El Universal (Colombia), durante el discurso de apertura de la conferencia nombró a la Argentina entre los países en los que se percibe un conflicto entre el poder y el periodismo.El tema fue tratado en particular por un panel de discusión sobre "Libertad de prensa en América latina, una región, múltiples desafíos".En esa oportunidad, Eleonora Rabinovich, directora del programa de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC, Argentina), se refirió a la censura indirecta, "la más difícil de detectar".Este tipo de manejos, que se confunden de forma errónea con facultades de control del Estado, poseen un gran poder de intimidación, tienen apariencia legal y están prohibidas por la Convención de los Derechos Humanos.Se trata de sanciones administrativas selectivas, exención de impuestos y distribución discriminatoria de la publicidad oficial, entre otras medidas complicadas de revelar.Respecto de este último punto, la representante de ADC indicó que, en Argentina, la pauta oficial creció algo más del 1.300 por ciento entre 2003 y 2009."El Gobierno argentino destina cada vez más fondos a propaganda o publicidad de gestión de gobierno. Existe una marcada confusión entre publicidad oficial y propaganda partidista, lo que viola el derecho de utilidad pública de la publicidad oficial y genera desequilibrios electorales", apuntó.Además, señaló que la pauta crece de forma considerable en épocas electorales.La falta de información y transparencia sobre la publicidad oficial es otro problema asociado a este tema.Rabinovich citó como casos ejemplificadores los fallos de la Corte Suprema de Justicia en favor del diario Perfil , contra el Gobierno nacional, y Río Negro , contra el Gobierno de Neuquén. Los líderes y sus medidas. Por su parte, Catalina Botero, relatora especial de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una apasionada presentación se refirió a las medidas persecutorias contra la prensa por parte del ex presidente colombiano Álvaro Uribe; del actual presidente venezolano, Hugo Chávez, y del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. "En Venezuela, los medios oficiales se dedican a asesinar moralmente a los periodistas críticos. El gobierno cerró 34 emisoras de radio sin que las causas hayan sido aclaradas", expresó la especialista durante su presentación.Resumió que los principales problemas de la prensa en la región son la violencia contra los periodistas, la utilización del derecho penal contra la prensa, la censura, las trabas al derecho de acceso a la información y la ausencia notoria de pluralismo y diversidad (tanto por monopolios públicos como privados).Respecto del primer punto, destacó que los ataques contra los periodistas no son sistemáticos, como durante los años '70 y '80, y no está dirigida por los gobiernos, sino por el crimen organizado. "Este tiene un enorme poder de infiltrar al Estado", advirtió.Botero también alertó que los casos de censura, salvo en Cuba, se ejecutan con el manejo de la publicidad oficial y la asignación de frecuencias.Y agregó: "Desde hace 15 años decimos que los monopolios públicos y privados son incompatibles con la libertad de expresión. Tiene que haber distintas voces, incluso las que nos molesten".