Cobre. San Juan impulsa una ley que beneficia la participación local para la minería
El Gobierno provincial busca garantizar más empleo y contratación de proveedores sanjuaninos. La iniciativa genera apoyos, pero también tensiones en medio de inversiones millonarias y recientes adjudicaciones cuestionadas por empresarios locales.
La provincia de San Juan abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el desarrollo minero al enviar a la Legislatura un proyecto de ley que busca aumentar la participación de trabajadores y proveedores locales en los emprendimientos de cobre que avanzan en la provincia.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, llega en un momento clave para el sector, marcado por el avance de proyectos de escala internacional como Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar.
Prevén inversiones por decenas de miles de millones de dólares durante las próximas décadas y podrían transformar a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina.
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Qué propone la nueva ley
El proyecto, denominado Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Empleo Local, establece metas concretas para incrementar la participación sanjuanina en la actividad.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Plan de Desarrollo de Empleo Local que obligará a las compañías mineras a fijar objetivos progresivos para alcanzar una participación del 80% de trabajadores locales en sus proyectos.
La particularidad es que el cálculo incluirá no solo al personal contratado directamente por las mineras, sino también a empleados de contratistas y subcontratistas.
Además, la iniciativa fija un orden de prioridad para las contrataciones laborales, favoreciendo primero a habitantes de las comunidades cercanas a los proyectos, luego a residentes de otros departamentos de San Juan y, finalmente, a trabajadores de otras provincias o países.
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Compras y proveedores sanjuaninos
La propuesta también apunta a fortalecer el tejido empresarial local. Para ello establece como objetivo que el 60% del monto total anual de compras y contrataciones de los proyectos mineros corresponda a proveedores locales.
Con ese fin se creará el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Re.Pro.Min.), donde deberán inscribirse las empresas interesadas en participar de la cadena de abastecimiento.
Entre otras condiciones, exige que al menos el 51% del capital social pertenezca a personas con domicilio legal y fiscal en San Juan o que la firma demuestre una presencia productiva efectiva en la provincia.
Respaldo de la Cámara Minera
Desde el sector especializado local respaldaron el objetivo general de la iniciativa: "La Cámara Minera de San Juan acompaña el objetivo de generar mayores oportunidades para empresas y trabajadores sanjuaninos vinculados a la actividad minera y de seguir ampliando la participación local en la cadena de valor del sector", señalaron desde la entidad.
Sin embargo, remarcaron la importancia de que el tratamiento legislativo y la futura reglamentación preserven criterios de competitividad, transparencia y previsibilidad para las inversiones.
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"La experiencia demuestra que los marcos más efectivos son aquellos que generan incentivos para fortalecer capacidades, mejorar la competitividad y ampliar la participación de empresas y trabajadores locales", agregaron.
La adjudicación de Vicuña que encendió la polémica
La discusión cobró fuerza en las últimas semanas tras una decisión adoptada por Vicuña, el proyecto controlado por las compañías BHP y Lundin Mining.
La empresa adjudicó una nueva etapa de construcción de su campamento minero a un consorcio integrado por la firma argentina Rafa S.A. y la compañía china Beijing Chengdong.
El contrato contempla la construcción de aproximadamente 45. mil metros cuadrados de infraestructura habitacional para trabajadores y representa cerca del 25% del futuro complejo.
Según informó la minera, la empresa argentina estará a cargo de las obras civiles y del montaje, mientras que los módulos habitacionales serán fabricados por la firma asiática. La gestión EPC será realizada por la compañía china PowerChina.
El reclamo de los proveedores nacionales
La adjudicación generó cuestionamientos inmediatos dentro de distintos sectores industriales argentinos, como UIPBA. Fuentes empresarias indicaron que la oferta adjudicada rondó los U$S 52 millones, mientras que otras propuestas con mayor integración nacional habrían alcanzado valores cercanos a los U$S 70 millones.
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Según referentes del sector a los que consultó Ámbito Financiero, entre el 75% y el 80% del valor del contrato estaría vinculado a la fabricación y provisión de módulos habitacionales, lo que abrió un debate sobre cuánto valor agregado permanecerá efectivamente en Argentina.
La Federación Argentina de Proveedores Mineros fue una de las entidades más críticas. "Lo de Vicuña nos puso en alerta. La contratación de una empresa china, asociada a una santafesina para una mega obra, fue un mazazo para los intereses de los argentinos y puso en peligro la licencia social de la industria en el país", sostuvo la entidad en un comunicado.
La federación que preside Manuel Gómez Bello fue más allá y cuestionó que continúe utilizándose el argumento de la falta de capacidades locales. "Ya no sirve la excusa de que no estamos preparados. La cadena de valor argentina está lista para encarar cualquier obra minera", afirmaron.
El desafío de la minería que viene
Desde Vicuña defendieron el proceso de selección y señalaron que la propuesta elegida fue la que mejor cumplió con los requisitos técnicos, de seguridad, cronograma y costos establecidos por el proyecto.
La compañía también destacó que más del 95% de sus trabajadores son argentinos y que aproximadamente el 73% de sus empleados directos provienen de San Juan.
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Sin embargo, la controversia dejó expuesto uno de los principales desafíos que enfrentará la minería argentina durante la próxima década: cómo maximizar el impacto económico local de inversiones multimillonarias sin afectar la competitividad de proyectos que compiten por capital a nivel global.
