Fallo. La Justicia uruguaya reconoce relación laboral y obliga a Uber a pagar aguinaldo y vacaciones a choferes
El proceso se inició por la demanda de un conductor y llegó a la Corte Suprema.
En una sentencia que marca un antes y un después para la economía de plataformas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay determinó que existe una relación de dependencia entre Uber y sus conductores.
Este fallo histórico obliga a la empresa a pagar rubros salariales básicos como aguinaldo, licencias y salario vacacional, estableciendo un precedente fundamental en materia de protección laboral en la región.
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El caso que cambió las reglas del juego
El proceso judicial se inició con la demanda de Cristian Guisado Baldoceda, un chofer que reclamó el reconocimiento de su vínculo laboral vigente desde 2017.
Guisado sostuvo que su tarea estaba marcada por la subordinación, la dependencia económica y un estricto control por parte de la aplicación.
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Aunque en mayo de 2024 la Justicia desestimó el reclamo en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones revocó dicha decisión seis meses después, condenando a la firma a pagar la suma de $ 947.022.
Finalmente, la Suprema Corte ratificó esta postura, rechazando un recurso de casación de la empresa que buscaba derivar el conflicto a un arbitraje internacional en Ámsterdam.
Soberanía jurídica y la "autonomía teórica"
Uno de los puntos clave de la sentencia fue el descarte de la cláusula de tribunal extranjero.
La Corte aplicó el artículo 9 de la Ley 20.396, promulgada en febrero de 2025, la cual asigna jurisdicción a la justicia local para trabajadores domiciliados en Uruguay.
Esta legislación fija estándares mínimos de protección para quienes prestan servicios mediante plataformas digitales.
El fallo desmonta el argumento de la empresa sobre la independencia de sus colaboradores.
Según el tribunal, la alegada "autonomía del socio conductor" es, en los hechos, meramente teórica.
El abogado Federico Rosenbaum subrayó que el control ejercido a través de algoritmos, calificaciones y tarifas predeterminadas constituye un ejercicio real del poder de dirección empresarial.
Con este pronunciamiento, Uruguay se alinea con las tendencias globales que buscan regular el trabajo en plataformas, garantizando que el avance tecnológico no implique la precarización de los derechos fundamentales del trabajador.
