Durante los primeros cinco meses de este año, el deterioro laboral volvió a dar un salto en Córdoba luego de cierta desaceleración parcial que registró en todo el primer tramo de 2025.
Así los muestran los indicadores de conflictividad que elabora el Ministerio de Trabajo y Justicia, cartera que debió mediar en mayor cantidad de procedimientos preventivos de crisis (PPC) y conflictos individuales entre empleadores y trabajadores.
Según los registros de su Secretaría de Trabajo, el número de empleados afectados por PPC saltó de 3.330 en enero a 6.006 en mayo (al 8 del mes). Este incremento representa una suba del 80% en el volumen de trabajadores suspendidos o con reducciones de jornada y, por consiguiente, cobro parcial de sueldos (entre el 50% y 75% en la mayoría de los casos).
Vale recordar que los PPC son un mecanismo previsto por ley para ayudar a las empresas a transitar momentos de fuerte caída de actividad. En ese marco, entre otras posibilidades, pueden negociar con sindicatos –bajo la tutela de Trabajo– y acordar condiciones especiales como suspensiones con el fin de evitar despidos. Bajan el costo laboral mientras buscan cómo sortear el bajón.
Suelen aplicarse por tres meses, con posibilidad de renovación hasta un año. Al cabo del plazo se supone que la firma logró reacomodarse o, si no es el caso, inicia un proceso de cierre.
Por eso los PPC son un termómetro del riesgo sobre el empleo formal y de mayor calidad, ya que a ellos acceden las unidades productivas en regla.
El informe de Trabajo detalla que el número de empresas involucradas en estos procesos también ascendió: de 34 firmas con PPC vigentes en enero llegó a 40 a mitad de mayo. Sobre esos procedimientos aprobados, hay otros 17 solicitados y en trámite ante las autoridades.
“Asimismo, la evolución interanual muestra una nueva tendencia ascendente respecto de 2025. Luego del fuerte pico registrado durante 2024, la cantidad de trabajadores afectados había mostrado una desaceleración parcial durante gran parte de 2025, aunque hacia finales de ese año y comienzos de 2026 vuelve a observarse una reactivación de los indicadores de riesgo laboral y suspensiones”, analizaron desde el Ministerio.
Si bien la mayor concentración continúa registrándose en Capital, donde también hace base una cuota mayor de empresas; la cartera destaca que este año “también se observa un crecimiento de casos en el interior provincial, particularmente en localidades con fuerte presencia industrial”.
En la industria y la provisión de ser servicios a gran escala (seguridad, por ejemplo) se concentran la mayor parte de los PPC.
Julián López, ministro de Justicia y Trabajo, destaca el esfuerzo de las empresas por lograr superar los PPC y conservar sus planteles. “Lo vemos de manera directa, y también la voluntad de los sindicatos de colaborar con el objetivo común de proteger las fuentes de trabajo”, señaló.
Como ejemplo puede tomarse el de industrias importantes de maquinaria agrícola que lograron evitar el PCC con las ventas, apalancadas en líneas de créditos especiales, que consiguieron en marzo en Expoagro.
De todas maneras, el funcionario describió un panorama que preocupa debido a la caída nacional de actividad en sectores de alto empleo: “Desde fines de 2023 a fin de 2025, Córdoba perdió 3.971 empresas y unos 14.600 puestos de trabajo formales”.
Áreas críticas: comercio, empleadas domésticas, automotrices y vigiladores
Cuando se analiza el alcance de los procedimientos de crisis por tipo de actividad, hay dos sectores que por escala destacan: la industria automotriz y las empresas de vigilancia, ambas con plateles numerosos de trabajadores.
Los expedientes vinculados a terminales automotrices en la ciudad de Córdoba y a una planta autopartista en San Francisco agrupan a cerca de 3.000 trabajadores afectados. Esta cifra representa el 50% del total provincial registrado hasta mayo de 2026.
En estos establecimientos, los acuerdos vigentes establecen regímenes de suspensiones y pagos de sumas no remunerativas que promedian entre el 65% y el 75% del salario neto.
Por su parte, el rubro de la seguridad privada mantiene una participación relevante y sostenida en el mapa de conflictividad. Cerca de 10 empresas de este sector atraviesan procedimientos de crisis que alcanzan a aproximadamente 2.000 empleados. Este segmento explica un tercio de la totalidad de trabajadores bajo medidas de reducción o suspensión en la provincia.
Los acuerdos en este rubro suelen contemplar el pago del 75% de los haberes bajo conceptos no remunerativos durante los periodos de inactividad.
Otros rubros con menor incidencia relativa pero con expedientes abiertos incluyen a la industria metalúrgica. Los empleadores de esta rama manifiestan ante la autoridad laboral la imposibilidad de afrontar el pago de salarios debido al impacto de la apertura de importaciones. En sectores como el plástico y la madera, las empresas reportan falta de ventas y situaciones que derivan en procesos de cierre de unidades productivas.
Dificultad para pagar salarios en clínicas y fábricas
La secretaría de Trabajo interviene en situaciones laborales conflictivas colectivas a través de los Procedimientos Preventivos de Crisis y también desde su área de Conciliación y Arbitraje.
En esta última, se advierte que los conflictos vigentes se concentran principalmente en determinadas actividades económicas en las que “se registran dificultades empresarias para afrontar obligaciones salariales, recomposiciones paritarias o situaciones vinculadas a reestructuraciones productivas y procesos de crisis”.
Desde Conciliación enumeran los sectores con mayor conflicto: salud (clínicas privadas con dificultades para el pago de los salarios, aguinaldos y bonos paritarios); neumáticos (empresas que cerraron o redujeron actividad comercial) y metalúrgica (“debido a la apertura de importaciones, distintas industrias de la rama manifiestan la imposibilidad de afrontar el pago de salarios”, consigna el Ministerio).
Le sigue el sector del plástico (empresas manifiestan falta de ventas e imposibilidad de pago de salarios), de la madera (existe una empresa en proceso de cierre que dice no poder pagar a trabajadores) y mecánicos (empleadores manifiestan imposibilidad de afrontar sumas reclamadas y recomposición salarial).
Más “despidos” acordados y menos litigiosidad por la reforma laboral
Junto al tratamiento de situaciones colectivas de conflicto o riesgo de empleo; la secretaría de Trabajo también entiende en hechos puntuales como despidos, desvinculaciones acordadas y otros conflictos.
Aquí también se registra un aumento generalizado asociado a la crisis del empleo pero también a un efecto novedoso: la menor propensión a judicializar los casos resultado, leen en Trabajo, de la ley de modernización laboral sancionada en febrero por el Congreso y vigente desde marzo.
Esto se ve tanto en el mayor flujo de “acuerdos espontáneos” que se reciben (empleador y trabajador acuden juntos), como en el crecimiento de la cantidad de “reclamos individuales” (denuncias de trabajadores).
En ambos casos, empleadores y en especial trabajadores se allanan a resolver una desvinculación y otros conflictos en el ámbito del Ministerio, sin acudir a Tribunales.
Vale recordar que la reforma laboral dio a la rúbrica de Trabajo calidad de “cosa juzgada” sobre esa clase de acuerdos de parte.
En lo que va del año, ingresaron a la Secretaría 2.534 “acuerdos espontáneos” en toda la provincia, un 9,6% más que en igual lapso de 2025. En Córdoba capital, donde se registra el mayor caudal, el crecimiento fue del 12,3%.
Del total, casi el 80% consistió en desvinculaciones de mutuo acuerdo, otro 8,7% son despidos sin causa; casi un 6% son renuncias; 1,5% despidos indirectos y el resto responden a otras situaciones.
Mientras que en enero hubo 131 acuerdos, para abril ya habían saltado a 499. Hasta el 8 de mayo se recibieron 131. “Se trata de los mayores valores mensuales desde que se digitalizó el trámite, en 2022”, apuntan voceros del Ministerio.
Sobre ese caudal, también saltó la cantidad de denuncias: en lo que va del año, llegaron a 937, una suba del 24,6% respecto de igual lapso de 2025 (752). Alrededor de un 15% de estos trámites concluyen con un acuerdo monetario que pone fin al conflicto y quienes más los suscriben son trabajadoras de casas particulares (36%), seguidas de empleados de comercio (35%).
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Si se mira el volumen total de acuerdos y denuncias, “comercio” es la actividad con mayor incidencia: concentra un tercio de las desvinculaciones, seguida por trabajadoras de casas particulares.
En el caso de los acuerdos, le siguen construcción y turismo y gastronomías; y en el de denuncias call centers y construcción; entre otras.
