La economía. Argentina enfrenta la oportunidad histórica de crecer, el riesgo es no chocar la calesita

En estos últimos años, se estarían alineando varios planetas, tanto a nivel económico y geopolítico internacional como a lo relacionado con el potencial de nuestros recursos naturales, que brindan a la Argentina una gran oportunidad de reencauzar su crecimiento y su desarrollo económico.

Claro, siempre que “no choquemos la calesita”. Y como suele decir Ricardo Arriazu, uno de los economistas locales más respetados y consultados, “Argentina es un gran chocador de calesitas”.

Lo que está pasando en Argentina podría tratarse de un cambio estructural, que también lo plantea otro economista con larga trayectoria como Pablo Gerchunoff, cuando señala que este proceso podría asimilarse a lo que ocurrió con el Modelo agroexportador en los años 1880-1930, cuando se integró al mundo a partir del aprovechamiento de su potencial para la producción de alimentos.

Con dicha estrategia económica, entre 1880 y 1930 el PIB per capita de Argentina aumentó un promedio del 2,3% anual, versus 1,4% que lo hizo entre 1930 y 1974, con un modelo económico de “Industrialización por sustitución de importaciones”.

En las últimas décadas, entre 1974 y 2025, la producción por habitante subió sólo un 0,6% anual promedio, un período en que la estrategia económica cambió varias veces entre apertura y proteccionismo, aunque casi siempre signado por la alta inflación, a partir del Rodrigazo, el plan económico de Celestino Rodríguez en 1975, cuando Argentina pasa de “inflación alta” a “inflación muy alta”.

Las consecuencias fueron también sociales, con tasas de pobreza que superaron el 50% cada vez que hubo una hiperinflación o hiperdevaluación, y con al menos un cuarto de la población bajo la línea de la pobreza en los últimos 30 años.

La revolución industrial, la especialización internacional y el aumento de la demanda de alimentos, especialmente en países como Inglaterra, dieron lugar a la posibilidad que Argentina ponga en valor sus recursos naturales a finales del siglo XIX, a partir de la existencia de vastas extensiones de tierras fértiles.

Claro que se necesitaba mayor cantidad de recursos humanos para trabajar la tierra, y capital para darle productividad, además de los incentivos institucionales adecuados.

Con la Constitución de 1853, la pacificación del país, la unificación de la moneda y la integración al sistema de patrón oro, y con normativas que generaron incentivos para la llegada de cerca de seis millones de migrantes desde varios países del mundo, así como la atracción de inversiones internacionales, se generó el marco institucional adecuado para que la economía argentina pudiera prosperar.

Por entonces, el país logró acceder al financiamiento internacional y atrajo capitales que permitieron darle viabilidad a la producción local, como ferrocarriles y puertos. Como resultado, a principios del siglo 20 Argentina se ubicaba entre los países de altos ingresos del mundo.

Claro que en aquella oportunidad hubo una generación de políticos que impulsaron los cambios, de la talla de Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini, que contrasta con la realidad local de las últimas décadas.

¿Qué factores indicarían que Argentina podría estar inaugurando un nuevo proceso de crecimiento económico sostenido, emparentado con aquel viejo modelo agroexportador? En primer lugar, nuevamente la importancia de los factores internacionales.

No sólo la demanda por alimentos, sino que ahora se agregan razones como la transición energética, que sube la demanda por minerales que el país tiene en abundancia, como cobre y litio, y los cambios geopolíticos recientes, que inducen aprovisionamiento de energía y otros recursos estratégicos desde fuentes seguras y estables, elevando la demanda de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta.

También están ocurriendo cambios institucionales clave para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mundo, como los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos.

A esto se suman la aprobación de la Ley Bases, de la reforma laboral y de regímenes de incentivos para grandes inversiones, como el Rigi.

Claramente el concepto de equilibrio fiscal resulta otro factor de gran importancia, en un país que decidió convivir por décadas con la alta inflación. Resta que dicho concepto sea asumido por la mayor parte de la dirigencia política local, y se plasme en un compromiso y una normativa que le dé credibilidad intertemporal.

El modelo actual también demanda de nuevas e importantes infraestructuras para poner en valor los recursos naturales locales, como gasoductos y oleoductos, además de reformas en puertos y la necesidad de solucionar importantes problemas de logística, como el traslado de insumos a las provincias con mayor crecimiento de la producción.

Obviamente, plasmar estas posibilidades requiere de financiamiento internacional, que está cada vez más cerca con la reducción del riesgo país.

Inclusive existen repercusiones en materia de migraciones, actuales y futuras, ya no tanto de índole internacional, sino interprovincial, desde los grandes aglomerados urbanos a provincias como Neuquén, San Juan y otras cordilleranas que detentan los recursos naturales más prometedores.

Por supuesto que los desafíos son aún enormes y algunos de ellos muy conocidos, como la consolidación de un equilibrio fiscal de mayor calidad, con mayor inversión y menor gasto improductivo, tanto en Nación como en Provincias (el año 2025 arrojó resultado negativo en provincias).

Resulta necesario, además, mejorar los niveles de competitividad de la producción nacional, con la postergada reforma tributaria integral, mayor inversión en infraestructura y seguir avanzando en materia de desregulación.

Claro que también existen problemas y grandes desafíos, como los efectos indirectos entre sectores. Las crecientes exportaciones de energía y minería (según el Gobierno nacional, ascenderían a U$S 50 mil millones en 2030) se suman a las ventas del sector agropecuario, industria del conocimiento y otras.

Esto inducirá, especialmente desde 2028, un tipo de cambio no demasiado competitivo, lo cual encarece el costo de los bienes y servicios no transables, como la mano de obra, y dificulta la trayectoria de las actividades expuestas a la competencia internacional, ahora con una economía más abierta, y resultan más mano de obra intensiva, como textiles, metalúrgicas, caucho y neumáticos, entre otras.

Entre estas, hay actividades que resultan viables, pero se hallan en riesgo, dada una apertura económica y apreciación cambiaria que avanzan más rápido que las reformas estructurales para dotarlas de mayor competitividad. Otras actividades son posiblemente inviables, aún si se concretaran las mencionadas reformas, y requieren de políticas de reconversión.

Aquí se tiene otra gran diferencia con el modelo agroexportador del siglo XIX: su irrupción ocurrió en una economía que tenía muy poca actividad manufacturera, sólo algunas actividades cuasi artesanales del interior.

En cambio, ahora la apertura se produce ante la existencia de un sector industrial que lleva varias décadas y provee un importante nivel de empleo, en especial en los grandes aglomerados urbanos del país, donde se asentaban preferentemente las actividades dedicadas a la sustitución de importaciones.

El aumento del desempleo en las zonas más pobladas del país podría convertirse en la mayor amenaza social y política para el actual modelo económico.

Lo dicho requiere de estrategias para que, a futuro, la apreciación del peso y la pérdida de competitividad para sectores transables tradicionales no resulte tan marcada. Por caso, si el problema será el encarecimiento en dólares del costo de la mano de obra, se puede compensar con reducciones adicionales en las contribuciones patronales.

También ayudaría que, en un país con abundancia de gas, dicho insumo resultara relativamente barato para la producción local. También habrá que pensar en reintegros a los exportadores, en lugar de derechos de exportación.

Además, contar con un creciente superávit fiscal, que en épocas de bonanza pase a engordar un fondo de ahorro soberano, resulta la mejor opción. La constitución de un fondo anticíclico a nivel nacional permitiría evitar fuertes apreciaciones del peso (resta demanda en momentos de auge).

A su vez, acumularía recursos que podrían utilizarse en años de recesión, evitando crisis fiscales y los consecuentes manotazos de ahogado que dan los gobiernos en esas circunstancias, y permitiría contar con recursos para ayudar a amortiguar los efectos internos de la alta volatilidad de los precios de las commodities.

También las provincias ganadoras, como Neuquén, San Juan y otras, deberían preocuparse por generar sus propios fondos anticíclicos, para estabilizar sus finanzas a largo plazo. Pero, además, dado que se trata de la explotación de recursos no renovables, la estrategia debe apuntar a reemplazar el aporte de dichos recursos una vez que se hayan agotado.

Aquí se inscriben las políticas de desarrollo de la infraestructura y de incentivos especiales para evitar que caigan las actividades viables en riesgo de esas provincias, consolidar las actividades con potencial y crear nuevas oportunidades.

En casos como el de Neuquén, invertir fuertemente en riego podría aumentar masivamente las tierras aptas para la producción a futuro, así como mejorar la infraestructura de rutas ayudará a consolidar su desarrollo turístico. Claramente, también apostar por la educación, para que a futuro el desarrollo esté ligado fundamentalmente a la calidad de sus recursos humanos.

(*) Vicepresidente del Ieral, de la Fundación Mediterránea