Testimonios. Venezuela: denuncian la confiscación ilegal y apropiación de viviendas y bienes a perseguidos políticos
Organizaciones de derechos humanos exponen un patrón de sustracciones ilegales y ocupaciones de bienes privados sin orden judicial como herramienta de persecución.
En Venezuela se denuncia que la pérdida de la libertad individual por motivos políticos suele estar acompañada por un despojo patrimonial total, así lo afirma Impacto Venezuela. En los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos habrían documentaron un patrón crítico de traspaso forzoso de propiedades.
Este fenómeno sería lo que es calificado por expertos como una "extensión del castigo", que consiste en la toma de viviendas y empresas pertenecientes a perseguidos políticos por parte del Estado. Las ejecuciones se realizarían mediante ocupaciones e intervenciones sin previo aviso .
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Casos de confiscación en el interior
Uno de los testimonios es el del médico Juan Torres, cuyas propiedades en el estado Trujillo pasaron a control de funcionarios en cuestión de horas . El profesional relata que se quedó sin el sustento de toda una vida.
"Estoy como arrimado en una chosita porque no he tenido acceso a mi casa, mis apartamentos, mis propiedades ni mis clínicas", denunció Torres sobre su situación actual al mismo medio. A pesar de contar con protecciones legales, el asedio persiste.
El médico detalló que, al regresar a su localidad, encontró que su clínica, un galpón, su vivienda y un departamento de su propiedad, estaban ocupada por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Los funcionarios portaban armas largas y el inmueble lucía anuncios de "confiscado", denuncia el médico al mismo medio.
Uso de viviendas como sedes oficiales
Este esquema no se limitaría a casos aislados, Impacto Venezuela denuncia que este accionar responde a una táctica de intimidación para quebrar a la disidencia. Casos recientes incluirían la irrupción armada en la vivienda de Magali Meda, colaboradora de María Corina Machado.
En el estado Zulia, se reportó el caso del dirigente político Alberto Buchi, quien debió abandonar el país tras la confiscación de su vivienda. Actualmente, dicho inmueble funciona como una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) .
Expertos señalan que al incautar bienes se busca desarticular la capacidad de respuesta de los activistas. Esto genera un estado de indefensión que paraliza tanto al perseguido como a su entorno familiar más cercano.
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Vulneración de la propiedad privada
El medio denuncia otros tipos de confiscación con intención de atemorizar la oposición política:
- Incautación inmediata de equipos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras portátiles.
- Allanamientos de viviendas y locales comerciales sin la presentación de una orden judicial correspondiente.
- Ocupación de inmuebles por parte de órganos como el Sebin y la Policía Nacional Bolivariana.
- Uso de las propiedades confiscadas como las denominadas "casas de enfriamiento" por parte de los organismos de seguridad .
Aunque la Constitución venezolana prohíbe la confiscación salvo en supuestos muy específicos, abogados denuncian que se ignora el debido proceso y se crea un clima de incertidumbre total.
El impacto en las familias
El daño colateral de estas medidas se extiende a los dependientes de los perseguidos, quienes quedan sin techo y sin ingresos de forma abrupta. A menudo, las familias pierden los recursos financieros necesarios para costear una defensa legal.
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"Estamos en el limbo sin poder trabajar. Nos violaron nuestros derechos constitucionales, el derecho al trabajo y el acceso a nuestra vivienda", manifestó la esposa de uno de los afectados. Los procesos judiciales suelen estancarse durante años en los tribunales.
El análisis de especialistas como Nicmer Evans y miembros de la Red de Excarcelados por la Democracia destaca el clima de temor que estas acciones generan. La incertidumbre persiste sobre si estos bienes podrán ser recuperados alguna vez en un sistema democrático.
