Tecnología. Trump impulsa control acotado de la IA y enfrenta presión por más regulación
Una orden ejecutiva del presidente fija una revisión voluntaria de la tecnología de aprendizaje. El senador demócrata Bernie Sanders propone participación pública del 50% en grandes tecnológicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva destinada a establecer un mecanismo de evaluación de riesgos para los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, en una decisión que busca equilibrar la seguridad nacional con la competitividad tecnológica de Estados Unidos.
La medida fue adoptada ayer, apenas días después de que el propio mandatario decidió postergar una iniciativa similar por considerar que podía afectar la ventaja estratégica del país frente a competidores globales, especialmente China. Finalmente, la Casa Blanca optó por un esquema más acotado, basado en la cooperación voluntaria con las principales empresas del sector.
Análisis de riesgos
La orden establece que el Gobierno federal tendrá un plazo máximo de 30 días para analizar los riesgos asociados a nuevos sistemas de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público. Sin embargo, la participación de los desarrolladores no será obligatoria, un punto clave que refleja la cautela de la administración frente a posibles efectos negativos sobre la innovación.
“El avance de la inteligencia artificial fortalece a nuestra nación, pero también introduce nuevos desafíos en materia de seguridad que requieren una acción coordinada”, señala el documento oficial. El texto remarca la necesidad de articular respuestas entre distintas agencias del Poder Ejecutivo, aunque evita imponer regulaciones estrictas.
Señal de respaldo
El plazo de revisión de un mes resulta más breve de lo que algunos actores de la industria esperaban. Un período más extenso podría haber sido considerado excesivo para un sector caracterizado por su dinamismo y alta competencia global. En este contexto, la administración buscó enviar una señal de respaldo al ecosistema tecnológico, evitando cargas regulatorias que pudieran ralentizar el desarrollo.
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La decisión también refleja tensiones previas. A fines de mayo, Trump canceló un acto en el Despacho Oval en el que planeaba firmar una versión anterior de la orden junto con ejecutivos de empresas líderes. En ese momento, el presidente fue explícito: “Les estamos ganando a China y a todos los demás. No quiero hacer nada que se interponga en esa ventaja”.
Entre las compañías involucradas en el esquema de cooperación, se encuentran gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Anthropic, consideradas “laboratorios de vanguardia” por su rol en el desarrollo de modelos de última generación. La Casa Blanca destacó que el nuevo marco permitirá a estas firmas compartir información clave con el Gobierno para proteger infraestructuras críticas y fortalecer la ciberseguridad.
Interrogantes
No obstante, el carácter voluntario del sistema genera interrogantes. Analistas advierten que la falta de criterios claros sobre qué modelos deberán ser evaluados podría derivar en discrecionalidad. Juan Londoño, del Instituto Cato, consideró que la iniciativa es “un paso en la dirección correcta”, pero alertó sobre los riesgos de otorgar amplios márgenes de decisión a organismos como la Agencia de Seguridad Nacional.
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Según Londoño, esta ambigüedad podría sentar un precedente que habilitare intervenciones selectivas o incluso conflictos con empresas específicas, en un contexto donde la inteligencia artificial ya está atravesada por disputas comerciales y políticas.
El debate se intensificó tras el lanzamiento de nuevos modelos avanzados, como el presentado por Anthropic en abril, en medio de tensiones legales con el Gobierno estadounidense. Paralelamente, figuras del ámbito económico, como el secretario del Tesoro y autoridades de la Reserva Federal, comenzaron a advertir sobre el impacto sistémico de estas tecnologías, especialmente en los mercados financieros.
La propuesta de Sanders
En el ámbito del debate público, el senador Bernie Sanders propone una transformación profunda en la estructura del sector de inteligencia artificial mediante una iniciativa que busca redefinir la propiedad y distribución de sus beneficios. A diferencia del enfoque más moderado adoptado por la Casa Blanca, su proyecto plantea la creación de un fondo soberano de IA en Estados Unidos, que otorgaría al Estado una participación del 50% en las principales empresas del rubro.
La propuesta incluye la adquisición de acciones por parte del Gobierno, así como la posibilidad de ejercer derechos de voto y designar representantes en los directorios corporativos. Según el veterano legislador demócrata, la inteligencia artificial no debe considerarse un producto exclusivo del capital privado, sino el resultado de un acumulado de conocimiento colectivo construido durante décadas.
En ese sentido, sostiene que estos sistemas se nutren del arte, del código, de las ideas y de las interacciones humanas a escala global, lo que justifica una redistribución más equitativa de las ganancias generadas. De implementarse, la iniciativa impactaría de manera directa en las estructuras de poder del sector tecnológico.
El planteo abre un debate clave sobre el control, la regulación y la distribución de la riqueza en torno a una tecnología estratégica para el futuro.
