Perú. El triunfo de Fujimori o de Sánchez depende de 1.550 actas en revisión
La tarea está a cargo del cuestionado Jurado Nacional de Elecciones. La Onpe finalizó el conteo con la candidata de Fuerza Popular arriba por un margen mínimo. Ninguno está en condiciones de cantar victoria.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) cerró el conteo del 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial en Perú y confirmó un resultado de extrema paridad: la derechista Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar con el 50,012% de los votos, apenas por encima del izquierdista Roberto Sánchez, que alcanza el 49,988%.
La diferencia –4.310 sufragios sobre más de 18 millones emitidos– deja la definición formal en manos del controvertido Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá resolver 1.550 actas observadas, impugnadas o con errores materiales. Ese universo pendiente, sujeto a revisión y eventualmente a recuentos voto por voto, mantiene abierto un escenario en el que el resultado podría modificarse.
Incertidumbre
El cierre del cómputo por parte de la Onpe no clausura la incertidumbre, sino que la traslada al terreno jurisdiccional. En términos políticos, el dato central es doble: hay una ganadora provisional por un margen ínfimo y existe un volumen de actas en disputa suficiente como para alterar ese orden.
En procesos de esta naturaleza, cada mesa revisada adquiere un peso desproporcionado. La experiencia comparada con muy escasos antecedentes en el mundo muestra que, cuando la diferencia es microscópica, los votos del exterior y las correcciones sobre actas observadas pueden inclinar la balanza.
Así las cosas, Sánchez propuso a Fujimori una “revisión exhaustiva” del proceso, incluso con recuento voto por voto en zonas bajo sospecha. Desde el fujimorismo, el candidato a vicepresidente, Luis Galarreta, rechazó la iniciativa y subrayó que cualquier revisión debe ceñirse al marco legal vigente y a las decisiones de los jurados electorales especiales.
Disputa estratégica
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Detrás de ese cruce asoma una disputa estratégica: ampliar al máximo la revisión (como pretende Juntos por el Perú) o circunscribirla a los carriles ya previstos (posición de Fuerza Popular).
El frente más sensible se concentra en el voto en el exterior. Juntos por el Perú anunció que impugnará las actas provenientes de Buenos Aires y de Estados Unidos. Su apoderado legal, Roy Mendoza, sostiene que dichas actas ingresaron al sistema en el límite de los plazos legales, lo que –argumenta– impidió ejercer el derecho de defensa dentro de la ventana de tres días prevista para interponer recursos.
A ello se suma una crítica de fondo: el cambio de criterio de la Onpe entre la primera y la segunda vuelta, pasando de la digitalización de actas a su envío físico, lo que habría generado demoras “inoportunas”. El planteo apunta a la nulidad de mesas y a la obtención de padrones para verificar la consistencia.
Argentina, bajo la lupa
El dato no es menor. En Argentina, Fujimori obtuvo 17.641 votos contra 10.562 de Sánchez, y en el conjunto del voto en el exterior la candidata de Fuerza Popular consolidó una ventaja que, en un escenario tan estrecho, resultó decisiva para revertir tendencias parciales.
De allí que la judicialización de esos sufragios sea el corazón de la estrategia opositora. Sin embargo, el propio espacio de Sánchez enfrenta limitaciones operativas: los costos de las tasas para sostener impugnaciones masivas ante el JNE y los jurados regionales condicionan el alcance efectivo de su ofensiva.
Como botón de muestra de las inconsistencias detectadas, el Jurado Electoral Especial de Lambaye revisó un acta observada por error aritmético y, tras el recuento cédula por cédula, redujo en 25 votos la cifra originalmente asignada a Fuerza Popular (quedando en 119 frente a 101 para Juntos por el Perú, más un blanco y 15 nulos).
Casos de este tipo alimentan la narrativa de irregularidades y justifican, para la fuerza de Sánchez, la necesidad de un escrutinio más profundo. Al mismo tiempo, evidencian que el sistema contempla instancias de corrección que pueden impactar en el total final.
Averiado
El JNE, árbitro último del proceso, quedó en el ojo de la tormenta luego de una reunión bilateral –inédita desde su creación en 1931– con el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro. La difusión de fotografías del encuentro en la cuenta personal del diplomático en X desató cuestionamientos sobre la oportunidad y la neutralidad institucional. Aunque no hay evidencia de injerencia en decisiones concretas, el episodio erosionó la percepción de imparcialidad en un momento de máxima sensibilidad.
En paralelo, el clima social comenzó a tensarse. Ante convocatorias a movilizaciones masivas “en defensa del voto popular” impulsadas por el partido de Sánchez, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso restricciones a la circulación vehicular en el Centro Histórico, con excepciones para servicios esenciales. La medida busca prevenir desbordes en un contexto en el que cualquier señal institucional puede ser leída en clave de legitimidad o fraude.
Debilidad crónica
Perú llega a este desenlace tras una década de inestabilidad institucional que incluyó ocho presidentes. La resolución de las 1.550 actas pendientes no sólo definirá un nombre, sino también la credibilidad del sistema. Con una ventaja exigua para Fujimori y un paquete de votos en disputa capaz de revertirla, el escrutinio a cargo del Jurado Nacional de Elecciones se convierte en el verdadero tercer tiempo de la elección.
La clave será si este organismo logra combinar rigor técnico, celeridad y transparencia suficientes para que el resultado final sea aceptado por una sociedad partida en mitades casi perfectas.
