Guerra. Irán intensificó las ejecuciones: ahorcaron a dos hombres acusados de rebelión armada
En medio del conflicto regional, el gobierno de Mojtaba Jamenei ejecutó a dos miembros del grupo opositor MEK. Organizaciones internacionales denuncian que se trataba de "presos políticos" en un contexto de creciente represión.
Este martes, las autoridades de Irán llevaron a cabo la ejecución por ahorcamiento de dos hombres condenados por rebelión armada, en lo que representa la segunda jornada consecutiva de aplicaciones de la pena capital en el país. Los ejecutados fueron identificados como Babak Alipour y Pouya Ghabadi.
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Según informó la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, ambos hombres eran considerados "terroristas" y "elementos enemigos". Las autoridades sostienen que los fallecidos integraban la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), un grupo que Teherán clasifica formalmente como una organización terrorista.
Sin embargo, el carácter de estas ejecuciones fue cuestionado internacionalmente. Diversas ONG opositoras con sede fuera de Irán denunciaron los hechos y clasificaron a Alipour y Ghabadi como presos políticos.
Esta acción sigue a la ejecución realizada el lunes de otros dos hombres, Akbar Daneshvarkar y Mohamad Tagavi Sangdeh, por cargos idénticos de rebelión y pertenencia al MEK.
Un aumento alarmante en las ejecuciones
La situación de derechos humanos en Irán muestra una tendencia preocupante. El pasado 19 de marzo, el régimen ya había ejecutado a tras prisioneros por su participación en las protestas de enero, donde se les acusó de la muerte de agentes de seguridad.
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Este ritmo de ejecuciones no es nuevo bajo la administración actual. De acuerdo con datos proporcionados por la ONU, Irán se consolidó en 2025 como uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, alcanzando la cifra de 1.500 ahorcados.
Esto representó un incremento del 50% respecto al año anterior, evidenciando que, pese a la inestabilidad generada por la guerra en Medio Oriente, el Estado iraní no frenó la aplicación de la pena de muerte contra opositores y convictos.
