Crimen de lesa humanidad. El gendarme, Nahuel Gallo, demandó a Nicolás Maduro tras permanecer más de un año preso

El gendarme Nahuel Gallo formalizó este viernes su presentación como querellante en la causa abierta en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. El oficial, oriundo de la provincia de Catamarca, solicitó ser reconocido legalmente como víctima tras haber pasado 448 días detenido de forma arbitraria en territorio venezolano.

La presentación judicial se realizó ante el fuero federal porteño, sumándose a un expediente que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la cúpula del gobierno chavista. Gallo, quien continúa residiendo en Buenos Aires junto a su familia, busca que el horror vivido no quede impune y que se reconozca la responsabilidad de los jerarcas del régimen.

Este paso legal ocurre luego de que el efectivo de Gendarmería Nacional lograra regresar al país el pasado 1 de marzo de 2026. Su liberación fue el resultado de un complejo operativo que involucró gestiones de diversos sectores políticos, periodistas y la intervención directa de figuras del deporte, como el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El calvario de Nahuel Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó legalmente a Venezuela con su pasaporte argentino. Su objetivo era reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, quienes viajaron previamente a Caracas para pasar las festividades navideñas con su familia política.

A pesar de completar los trámites migratorios de rutina, funcionarios del régimen lo apartaron para una supuesta entrevista de control. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo derivó en un secuestro estatal y su posterior traslado a la temida cárcel de El Rodeo I, donde permaneció incomunicado y bajo condiciones inhumanas.

Durante su detención, el gobierno de Nicolás Maduro utilizó la figura del gendarme para alimentar narrativas de conspiración internacional. Dos días después de la Navidad de 2024, la Fiscalía General de Venezuela le imputó cargos por "acciones desestabilizadoras y terroristas", vinculándolo falsamente con grupos de derecha y planes de espionaje.

Las acusaciones contra el argentino fueron escalando en gravedad sin que se presentaran pruebas fehacientes ante organismos internacionales. El régimen llegó a señalar que Gallo formaba parte de un plan diseñado para asesinar a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y las Naciones Unidas intervinieron en el caso, denunciando la naturaleza arbitraria de su detención. En septiembre de 2025, un informe de la ONU incluyó al gendarme catamarqueño en la lista de presos políticos cuya integridad física corría peligro bajo la custodia del chavismo.

Sobre su determinación de llevar el caso a los tribunales, Gallo manifestó de forma contundente a través de sus redes sociales y en conferencias de prensa su voluntad de no retroceder. El oficial expresó: "No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune".

La liberación de Gallo se produjo en un contexto de alta inestabilidad política en Venezuela, tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez en una gestión alineada con la administración de Donald Trump. Este cambio en el mapa geopolítico facilitó las negociaciones para la salida de ciudadanos extranjeros detenidos en cárceles venezolanas.

Desde su regreso, el gendarme utilizó su visibilidad para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros de celda. En un acto cargado de simbolismo, Gallo participó recientemente en una maratón vistiendo ropa similar a la que utilizaba en la prisión de El Rodeo I, exigiendo la libertad de todos los presos políticos que aún permanecen en cautiverio.

querella presentada por Gallo no sólo apunta a Maduro, sino también a otros altos mandos que ejecutaron las órdenes de detención y persecución.