Derechos humanos. Chile: el gobierno de Kast recortó un millón de dólares al plan de búsqueda de desaparecidos
Organizaciones de derechos humanos denuncian un desmantelamiento de las políticas de memoria frente a la reducción de fondos y cambios en la defensa judicial.
El gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, aplicó un ajuste cercano al millón de dólares en el programa que coordina la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La medida afecta principalmente al Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa estatal lanzada en 2023 para esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada.
Alarma entre los familiares
"Tenemos una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con la búsqueda; este es un Gobierno que no da esas garantías", afirmó Mónica Monsalves, cuyo padre fue fusilado en 1973. Las excavaciones actuales buscan cementerios clandestinos en sitios como Cerro Chena.
Por su parte, Margarita Romero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, advirtió que los primeros meses de gestión evidencian un "desmantelamiento progresivo" de las políticas de memoria. Según denuncian, los fondos solo estarían garantizados hasta 2026.
El recorte presupuestario coincide con cambios de personal cualificado en las áreas técnicas, lo que, según los organismos de derechos humanos, compromete la continuidad de las investigaciones en curso.
Giros en la política judicial
Un punto crítico de la nueva gestión es la decisión del Ejecutivo de no alegar en tribunales contra las solicitudes de beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Esto facilitó medidas como la reciente liberación de César Manríquez, exagente condenado por la desaparición de 86 personas.
Francisco Ugas, jefe jurídico de Estudio Caucoto Abogados, denunció que existen señales que ponen en duda la sanción de crímenes atroces. El abogado recordó que el Derecho Internacional prohíbe indultos que impliquen impunidad para este tipo de delitos.
Hasta abril de 2026, la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH) participaba en 430 causas criminales. La falta de oposición estatal en estas causas es vista como un retroceso en la persecución judicial de los delitos cometidos entre 1973 y 1990.
El perfil del gabinete
La inquietud de los familiares se ve reforzada por los vínculos de los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Defensa, Fernando Barros, con el exdictador Pinochet. Ambos funcionarios actuaron como abogados o colaboradores del régimen en procesos judiciales previos.
Recientemente, el ministro Barros generó controversia al calificar ciertos procesos judiciales como "venganza" en lugar de justicia, refiriéndose a condenados de avanzada edad. El propio presidente Kast manifestó en el pasado su valoración hacia figuras como Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de prisión.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, negó un abandono del plan y afirmó que se coordinan diligencias con el Poder Judicial. "Es una política de Estado que debemos apoyar", sostuvo el funcionario para intentar llevar tranquilidad a los sectores afectados.
