Investigación. Buscan en Colombia a un hombre que grababa a su hijastra con cámaras ocultas en el baño
Dayro Alejandro Herrera Zapata es señalado de violar la intimidad de una menor de edad en Cali. Tras su huida, su expareja denunció recibir amenazas de muerte vinculadas a deudas de prestamistas ilegales.
Las autoridades de la ciudad de Cali se encuentran en la búsqueda activa de Dayro Alejandro Herrera Zapata, un hombre acusado de instalar cámaras ocultas en el baño de su hogar para grabar a su hijastra, una menor de edad.
El hallazgo de este material audiovisual provocó una profunda indignación y el caso ya se encuentra en manos de la Justicia colombiana.
Doble drama: acoso y amenazas de muerte
Según la investigación, Herrera Zapata habría captado imágenes de la menor sin ningún tipo de consentimiento. Sin embargo, el horror para la familia no terminó con el descubrimiento de las cámaras. Poco después de que el acusado se diera a la fuga, su expareja comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de desconocidos.
La mujer vincula estas intimidaciones a deudas que Herrera Zapata habría contraído bajo la modalidad de préstamos ilegales conocida como “gota a gota”. Cobradores se presentaron en la vivienda exigiendo el pago del dinero, sumando un clima de terror a la denuncia por abuso de la intimidad.
Posible paradero y pedido de colaboración
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, se sospecha que el paradero actual del acusado podría estar en la región metropolitana de Medellín, específicamente entre los sectores de Bello y Buenos Aires.
La policía de Colombia solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarlo y enfatizó la importancia de denunciar cualquier acto que vulnere los derechos de los menores.
Debate y repudio en las redes sociales
El caso se volvió viral y generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su repudio ante el accionar del sospechoso.
Ante esto, muchos usuarios salieron en defensa de la familia, señalando que el foco debe estar en el castigo al agresor por producir presunta pornografía infantil y no en la estigmatización de la víctima o su entorno.
Las autoridades, por su parte, insisten en la necesidad de no revictimizar a los afectados y garantizar la protección de la privacidad de niños y mujeres en el país.
