Polémica. Brasil: Lula rechazó la decisión de EE.UU. de calificar como organizaciones terroristas a dos pandillas
El mandatario dijo que "Brasil no es una republiquita", denunció injerencia externa en vísperas de las elecciones y una amenaza directa a la soberanía nacional.
En un encendido discurso durante la inauguración de una planta de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevó el tono contra el Gobierno de Estados Unidos.
El mandatario advirtió que Brasil no acepta ser tratado "como niños" ni como una "republiquita" tras la reciente clasificación de las dos principales bandas criminales del país como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado de EE.UU., fue interpretada por el Palacio del Planalto no como un gesto de cooperación, sino como una injerencia indebida en la política interna brasileña.
La tensión diplomática escaló luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) serán considerados organizaciones terroristas globales desde el 5 de junio de este año.
Según Washington, esta designación busca obstaculizar la capacidad financiera de estos grupos, a los que considera una amenaza para los ciudadanos estadounidenses. No obstante, Lula cuestionó el trasfondo de esta decisión, sugiriendo que se trata de un movimiento coordinado para favorecer a su rival electoral en los comicios de octubre, el senador Flávio Bolsonaro.
Soberanía nacional y la sombra electoral
El anuncio de Rubio se produjo apenas 24 horas después de una visita de Flávio Bolsonaro a Washington, donde fue recibido por Donald Trump y el propio secretario de Estado.
Para el Gobierno brasileño, la coincidencia no es casual.
El analista político Thomas Traumann señala que la medida parece un intento del gobierno de Trump por entrometerse en las elecciones brasileñas a petición del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Lula fue enfático al afirmar que su rival "no tiene vergüenza de traicionar a la patria" al pedir la intervención de una potencia extranjera en asuntos que competen exclusivamente a las instituciones brasileñas.
Leyes propias frente a injerencia externa
Aunque Lula reconoció que, para los habitantes de las periferias que sufren la violencia y los robos, el PCC y el CV actúan de hecho como "terroristas", recalcó que Brasil debe combatirlos utilizando sus propias leyes, medios y fuerzas de seguridad.
El mandatario aseguró que, si bien la colaboración internacional es bienvenida, no permitirá el uso de medidas arbitrarias como pretexto para atacar la economía nacional.
De hecho, el Gobierno brasileño emitió un comunicado oficial en el que advierte que estas medidas unilaterales podrían debilitar los esfuerzos de inteligencia y poner en peligro a personas inocentes.
Uno de los puntos de mayor fricción es el posible impacto sobre el sistema financiero y el sistema de pagos PIX. Desarrollado por el Banco Central de Brasil, el PIX ha sido criticado anteriormente por Washington debido a la reducción de cuota de mercado para las multinacionales de tarjetas de crédito.
El comunicado oficial subrayó que la soberanía nacional no es negociable y que son los brasileños quienes definen cómo se clasifica y combate la delincuencia en su territorio.
En un tono desafiante, Lula retó a Trump a demostrar su voluntad de ayuda extraditando a los cabecillas de las bandas brasileñas que viven en Miami.
Mientras la disputa diplomática se intensifica, las autoridades brasileñas continúan sus propios esfuerzos contra el crimen organizado. Recientemente, la operación "Carbono Oculto" de la Policía Federal logró desmantelar una red de lavado de dinero vinculada al PCC que movilizó al menos 6 mil millones de reales (poco más de U$S 1.000 millones).
Para el asesor especial Celso Amorim, aunque el crimen organizado es un mal que debe combatirse mediante la cooperación, el "pretexto para la intervención es inaceptable".
Con las elecciones de octubre en el horizonte, la seguridad pública y la defensa de la soberanía se perfilan como los ejes centrales de una campaña marcada por la polarización y la influencia geopolítica.
