Ingenuidades judiciales

En los comienzos de este milenio, el vértigo se ha instalado definitivamente entre los argentinos y sacude a sus instituciones que ya venían languideciendo de credibilidad después del auspicioso recupero de la democracia. En ese momento de los '80, tanto el esplendor del renovado quehacer parlamentario como el histórico despliegue de la Justicia federal capitalina parecían enderezados hacia un despegue institucional irreversible. También había un presidente que no incurría en demagogia al profesar respeto por la independencia de poderes y cultivaba una poco común austeridad republicana.    Inserto en ese contexto, el Poder Judicial gozaba de un prestigio que en gran medida era herencia de la tradición cultural y jurídica del siglo 19  (la de Alberdi y la primera Corte Suprema; es decir, la parte  más sana e ilustrada de nuestra incipiente construcción estatal). Tal prestigio se traducía en calidad institucional para el ciudadano, expresada básicamente en el acatamiento de las decisiones judiciales como regla general. Era entonces (y lo era ya hace 150 años) impensable que el ministro le dijera al policía que no cumpliera con la orden del juez. ¿Qué ha pasado para llegar a la debacle actual, donde el incumplimiento de leyes y sentencias ya es parte del folklore político nacional? Ciertamente pasaron muchas cosas en dos décadas, donde aquel vértigo persiste y un instinto de conservación hobbesiano nos tiene a los jueces entre el infierno y la gloria. Acaso creímos erradamente (como se presagia de ese presidente) que con democracia, y sólo con ella, tendríamos una Justicia mejor; también, que nuestros discursos jurídicos no necesitaban mayor anclaje en los retobados pliegues de una realidad social que creíamos conocer.Hemos estado, así, transitando un terreno plagado de crédulas ingenuidades, afincados en un estatus heredado y a su vez halagados con tales discursos, muchos repitiendo –sin saber bien por qué– lo que dijera el aristócrata Montesquieu: que el juez es la boca de la ley, mientras distribuíamos los fondos del corralito financiero sin sentirnos como meros administradores "bisagra" entre el Estado y los ciudadanos. No éramos, en ese páramo reciente, ni héroes ni villanos, ni salvadores ni jueces "independientes": éramos y aún somos, según creo, sólo eso: sujetos creyentes en una juridicidad que comenzaba, en ese 2001, a desvanecerse sonoramente a metros de nosotros, sin que desde nuestros despachos atisbáramos la cercanía del más profundo de los barrancos. Tras las Calamidades del siglo 20 apuntadas por Ernesto Garzón Valdés, a los operadores del derecho actual, y particularmente a los jueces argentinos (olvidemos, por un momento, concebirlos como "administradores de justicia"), se nos presenta un desafío inocultable: el abandono de las ingenuidades judiciales y el abrazo visceral de una autocrítica total a partir de otras estructuras de pensamiento. Es la única esperanza de reconciliarnos con aquella realidad y recuperar, para bien ontológico de la Nación, aunque sea en parte, aquella herencia perdida.