Garantía de la convivencia pacífica

La necesidad de los pueblos de conocer su historia y comprender los ideales y los sueños que inspiraron a sus próceres comulga con la esperanza de asumir una identidad que proporcione las claves esenciales sobre las que se articula la unión nacional, la defensa común, el bienestar general y el aseguramiento de los beneficios de la libertad para todos los hombres que habitamos el suelo argentino. La anterior enunciación plasmada en el ideario constitucional de 1853 representa la culminación de un proceso que se inicia en 1810. Los protagonistas de entonces con aciertos y desaciertos definieron las bases de una nueva sociedad libre del dominio de los otros y capaz de defender su propia concepción de la Nación y también sus recursos, su cultura y su educación. En 1821, en otro escenario (la creación de la Alta Cámara de Justicia de Perú), José de San Martín prometió, en una muestra de respeto hacia el Poder Judicial, que se abstendría de "mezclarse en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo". Ese mismo año se creó en la provincia de Córdoba el Tribunal de Apelaciones cuya vigencia perdura hasta 1855, cuando nace la Cámara de Justicia. II. El Bicentenario encuentra al Poder Judicial de Córdoba ejerciendo las funciones institucionales esenciales que para la vida de la República, del sistema democrático y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Constitución Nacional y Provincial le han asignado; lo que implica velar por la vigencia de la ley y del orden como medio idóneo para garantizar la paz. Se empeña en garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes, en especial de los más vulnerables. Promueve la solución de los conflictos con formas alternativas como la mediación y la conciliación, procurando que los ciudadanos construyan una alternativa responsable y satisfactoria de sus diferendos. Adopta la cultura de la convivencia pacífica, sobre todo en el ámbito familiar, postulando el cese de todo tipo de violencia. Se compromete en una gestión eficiente a los fines de que los ciudadanos perciban al valor de la "justicia" como realizable en un tiempo razonable. Incorpora las nuevas tecnologías, abre diálogos con ámbitos científicos; se compromete con la capacitación continua de todos sus integrantes, sostiene el Tribunal de Ética Judicial y organiza la incorporación de los ciudadanos al servicio de justicia y su promoción por concursos reglados. Cada una de estas políticas comulgan con el compromiso del Poder Judicial de una Justicia para el siglo 21 donde se intensifiquen las garantías ciudadanas, donde se favorezcan los diálogos respetuosos, sinceros, leales y plurales. III. El humanismo resulta un valor central de la centuria que comenzamos a transcurrir. La realización de nuestro destino como Nación nos exige una perspectiva aguda y rigurosa que favorezca un escrutinio de mayor coincidencia entre lo que se denomina ética pública y ética privada. Ambas se distinguen, pero se comunican. La primera supone un esfuerzo de racionalización de la vida política y jurídica para alcanzar la humanización de todos y la segunda orienta en verdad la vida interior y espiritual de las personas. Es en la ética pública en la que se sostienen los estados democráticos de derecho y en la que se expresa su posibilidad de sustanciales progresos.Es la ética el paradigma en el que se basa la proyección futura de la modernidad, quizás ahora el único camino para superar la complejidad y la fragmentación a la que nos empujan los individualismos, los sectarismos y la incapacidad para comprender que nuestro destino nacional, nuestro proyecto nacional es una Argentina comprometida con los argentinos y cada argentino comprometido con su Nación: ética pública tan intensa como ética privada tan necesaria.