El desamor se pagaba caro en la época colonial
Si un novio faltaba a la promesa de casamiento, la mujer podía reclamarle una indemnización. La pérdida de la virginidad podía derivar también en una indemnización.
Si 200 años atrás un varón se comprometía a casarse con una mujer y luego quebrantaba ese juramento, la prometida podía exigir una indemnización que remediara aquello que era considerado “grave ofensa” a su reputación y al honor de su familia.
La historiadora Mónica Ghirardi, autora de varias investigaciones sobre matrimonio y familia en Córdoba, explica que cuando alguien incumplía un esponsal –momento en el que los novios se comprometían a casarse- el afectado podía recurrir a los tribunales y reclamar una dote.
“Si la mujer estaba embarazada o tenía un hijo, o si había perdido la virginidad, que era un valor social importante en la época, tenía la posibilidad legal de pedir una compensación. Si el individuo no se quería casar con ellas, al menos las podía resarcir económicamente”, señala Ghirardi.
Así, entre 1810 y 1819, se presentaron 16 causas por esponsales en la Audiencia Episcopal de Córdoba, la mitad que en el período comprendido entre 1790 y 1799, cuando se alcanzó un máximo de 32 causas, según datos del libro Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850.
Indemnizaciones. En su libro Historia de Córdoba, Héctor Ramón Lobos cuenta que cuando un hombre faltaba a su palabra era sentenciado a casarse con la damnificada o a dotarla. En el caso de que hubieran tenido hijos, a la indemnización se agregaban los costos de su alimentación y crianza.
Lobos apunta que los esponsales significaban “una importante protección” para las mujeres y los hijos que nacían de relaciones “ilícitas” mantenidas bajo promesa de matrimonio, en contraposición a las normas posteriores que promovieron un “mayor desamparo” de las madres solteras.
Separados. Hasta fines del siglo XIX, cuando se sancionó la ley de matrimonio civil, el matrimonio fue sólo un sacramento religioso. El divorcio no existía como tal, pero las personas podían pedir la ruptura matrimonial ante la justicia eclesiástica, que podía resolver la nulidad del matrimonio o la separación de cuerpos.
Ghirardi explica que cuando los matrimonios eran declarados nulos, las personas podían volver a casarse ya que eran consideradas nuevamente “libres”. En cambio, si obtenían la separación de cuerpos, no podían pasar otra vez por el altar.
Sin embargo, sólo el 10 por ciento de las causas que llegaban a los tribunales eclesiásticos se resolvían con la separación. “Con el valor que tenía el matrimonio, cuestionar la indisolubilidad del vínculo era complejo”, apunta.
Entre 1810 y 1819, llegaron al Episcopado 14 juicios de nulidades y 18 de separación de cuerpos. Ghirardi asegura que también existieron las disoluciones informales que no pasaban por los tribunales. “Eran las más frecuentes, porque no implicaba ningún costo económico y tampoco los exponía a la mirada de los demás”.
Los motivos. Las mujeres eran quienes más solicitaban la ruptura del vínculo. En los registros aparecen mencionadas como causas episodios de violencia corporal directa, desprecios públicos, adulterios, humillaciones públicas o privadas y abandono de persona, entre otros.
"Hay casos en los que el hombre se iba por varios días y dejaba a la esposa encerrada, sin alimentos. Otros en los que le impedían ingresar a la vivienda en noches con bajísimas temperaturas o la llevaba cerca del río y la dejaba ahí sola como amedrentamiento", apunta Ghirardi.
"Son cosas excepcionales pero que no estaban excluidos del mundo colonial", agrega.

