Dos centenarios

La estructura social argentina del 25 de Mayo de 1810 no era precisamente integrada. De un lado, aparecía la población española minoritaria, controlando el poder político y económico colonial. De otro, un mundo laboral mayoritario compuesto por los pueblos originarios o indígenas recluido en encomiendas, mitas y reducciones; los trabajadores esclavos a cargo de las labores más esforzadas y los trabajadores "libres" con papeleta obligatoria de conchabo y los artesanos autónomos.Por más que nuestra historia oficial registra el protagonismo popular en los acontecimientos de Mayo, la cuestión social estuvo programáticamente ausente en el inicio de la etapa de independencia e integración nacional. En tal sentido, podría decirse que hubo dos revoluciones de Mayo. Sin embargo, lenta y contradictoriamente, se fue favoreciendo a los desposeídos. En tres años, el gobierno autónomo abolió el servicio indígena (1812) y declaró la libertad de vientres de los esclavos (1813), aunque su libertad definitiva sólo vino décadas después (1853). En esta etapa, centenares de pueblos originarios continuaron sometidos, expulsados de sus tierras o exterminados. El grueso de la mano de obra permaneció sometido al trabajo forzoso. La década del primer centenario patrio se inauguró y cerró en medio de una gran conflictividad social. En 1902 se cumplió la primera huelga general. Se respondió con la primera ley obrera de la historia argentina, la Ley de Residencia, aquella que por más de medio siglo permitió expulsar a sindicalistas mediante actos administrativos.Pero comenzó a andar la larga marcha de reconocimiento de derechos laborales. Para el 25 de Mayo de 1910, la historia nacional resalta los logros económicos de la etapa, con la extensión de la red ferroviaria, la potencia agraria y la inserción de Argentina en el mundo. Pero las grandes celebraciones apenas oscurecieron el telón de fondo de una huelga general y casi 300 paros parciales, el estado de sitio, la sanción de la "hermana mayor" de la Ley de Residencia, la Ley de Defensa Social, y hasta el estallido de una bomba en el Teatro Colón en medio de los actos. Los derechos individuales de los trabajadores han crecido pero presentan un claro desfase entre la norma laboral y su efectividad. Por ejemplo, uno de cada tres trabajadores, si no más, es irregular y está excluido de la protección laboral y de la seguridad social. Las condiciones y medio ambiente de trabajo siguen provocando impresentables índices de accidentes y enfermedades. La participación de los trabajadores en la renta nacional es muy menor, comparada con la de 40 años atrás. Y ni pensar en la participación empresaria obligatoria del artículo 14 bis de la Constitución.    El segundo centenario prohija una creciente valorización de los derechos humanos laborales. Aunque cueste advertirlo, esa es una verdadera revolución conceptual y cultural que, tarde o temprano, cambiará la ponderación que la sociedad y el Estado otorgan al sector laboral. Existe un creciente nivel de exigencias y conquistas de los derechos sociales proclamados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, tales como el empleo efectivo, la seguridad social integral, indemnidad personal, igualdad y no discriminación, libertad de expresión, estabilidad, es decir, una ciudadanía laboral plena.  El Estado del nuevo centenario no ignora la cuestión laboral como cuando nacía la patria y no se asusta y reacciona represivamente como en el primer centenario. Pero existe una gruesa deuda social no saldada. Hay sectores sociales que poco tienen que festejar porque esta sociedad no les reconoce los derechos plenos de ciudadanos. Lo importante es que el Estado actual cancele el compromiso integrador en derechos sociales por cuyo reconocimiento se ha recorrido un largo y cruento camino de dos siglos. ¿Se marcha hacia un nuevo siglo patrio social? Si la respuesta es afirmativa, habrá que pensarlo, debatirlo, pactarlo y lograrlo entre todos. Así, por fin, habrá un único tricentenario.